Ciudad de México, a 11 de mayo.- Los integrantes del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso Ayotzinapa, informó que de las investigaciones hay avances importantes, buscan las entrevistas directas con los del Batallón 27 y expresó su preocupación por la fragmentación de la investigación en 13 causas distintas en 6 juzgados.
Se espera, dijeron que con la modificación de la Constitución General de la República para integrar la desaparición forzada como delito, México tendrá una buena herramienta para investigar casos como este y otros que merecen atención, además de que con ello se cumplirá con los estándares internacionales.
Al presentar el tercer informe de los trabajos que realiza el (GIEI),
Carlos Beristain y Claudia Paz, informaron que sus primeras
conclusiones sobre el trabajo que están llevando a cabo a petición de los familiares de las víctimas y del Estado mexicano, se van
“destapando algunas cosas importantes que pueden ser clave para el esclarecimiento de la desaparición de los normalistas”.
En la sala Digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, los integrantes del (GIEI), dijeron que gestionó y facilitó un encuentro entre un numeroso grupo de familiares de los normalistas y Enrique Galindo, comisionado general de la Policía Federal de México, el encuentro fue el 5 de mayo de 2015 y durante el mismo se acordó continuar el proceso de búsqueda hasta que se tenga certeza del destino de los normalistas desaparecidos.
Esta pendiente la realización de numerosas diligencias solicitadas a las autoridades en las visitas anteriores; continúan las gestiones
para hacer entrevistas directas con miembros del batallón 27 y que los acuerdos de atención médica a las víctimas están por cumplirse con celeridad.
Expresaron su preocupación por la fragmentación de la investigación en 13 causas distintas en 6 juzgados, y recomendó unificar la investigación, a fin de mantener la conexidad de los delitos, lograr una visión integral del caso, facilitar el encuentro entre los consignados, sus familiares y representantes, permitir el acceso a la justicia de las víctimas y evitar la pérdida de evidencia.
Han solicitado también investigar otros delitos cometidos, como
tortura, tentativa de homicidio y obstrucción de la justicia, entre
otros, además de que la búsqueda debe continuar.
Informaron que hayy más de 13 causas penales en seis juzgados de distintas ciudades del país (Matamoros, Iguala, Cuernavaca, Toluca, Jalisco), en tanto que los presuntos responsables se encuentran en prisiones de otras ciudades (Tepic, Jalisco, Altiplano). Sugerimos que se unifique la investigación para que no se pierda la visión integral de los hechos; para que no se dificulte el encuentro entre los consignados, sus familiares y sus representantes legales.
El integrantes del (GIEI) señaló que los delitos a investigar
configuran el delito de desaparición forzada, no de secuestro, pero subraya que también se presentaron otras graves violaciones de derechos humanos y delitos, entre ellos: 1) tortura (por ejemplo, en el caso de Julio César Mondragón Fontes), 2) tentativas de homicidio, encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, 4) uso no adecuado de la fuerza, 5) lesiones y amenazas, que sufrieron los normalistas sobrevivientes. Estos delitos también deben ser adecuadamente investigados.
El trabajo del GIEI se ha centrado en analizar el desarrollo de los
hechos en los más de 10 escenarios y momentos del 26 de septiembre, a
partir de la información existente en el expediente y de la
información obtenida por el propio Grupo. Dicho análisis ha permitido generar un mayor conocimiento de los lugares donde se dieron los hechos relevantes, los ataques contra los normalistas.
Los miembros de Los Avispones y otras personas, los seis autobuses y otros vehículos, así como las detenciones llevadas a cabo y las circunstancias de las mismas
También estudió las primeras actuaciones en contra de los normalistas. Sin que esto suponga una valoración de la eventual responsabilidad penal en los hechos del señor Abarca o la señora María de Los Ángeles Pineda Villa o sus intenciones.
Han solicitado la atención en salud a Aldo Gutiérrez y sus
familiares, el acuerdo hecho por los familiares y la Segob en
presencia del GIEI, las autoridades reafirmaron que se mantendrá la atención a Edgar Vargas y familiares hasta su restablecimiento
completo, mientras que en el caso de los familiares de Julio César
Mondragón, la autoridad se comprometió a brindar atención y a
identificar y atender las necesidades de la familia.
Agregaron que como parte del proceso de consulta que hizo la PGR, el GIEI le hizo llegar sus comentarios sobre el proyecto de “Protocolo Homologado para la investigación del delito de desaparición forzada”.
Las observaciones hechas buscan contribuir a obtener un instrumento más preciso y se refieren al marco jurídico, los objetivos, las políticas homologadas de operación, la descripción del procedimiento, los formatos y la coordinación interinstitucional.
Indicaron por otra parte que sigue en pie la solicitud h para sostener una entrevista con la titular de la Procuraduría General de la República, hasta ahora, dijeron no se tiene nada confirmado.