Ciudad de México, a 21 de mayo de 2021.- CNDH prepara, en diálogo con organizaciones, acción de inconstitucionalidad en contra del DECRETO por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de la República, se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de distintos ordenamientos legales no garantice el derecho de las víctimas a coadyuvar activamente con el Ministerio Público, ni cumple con los estándares internacionales en la materia, ni con el principio de progresividad, entre otros
Esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través del comunicado de prensa DGC/112/2021 del pasado 23 de abril, solicitó al H. Congreso de la Unión que, en el proceso legislativo del Decreto de mérito, se reconociese los derechos y la participación activa de las víctimas de violaciones de derechos humanos, se les garantizase el derecho de acceso a la justicia, a la verdad, a la memoria, reparación integral del daño y garantías de no repetición, así como la coordinación interinstitucional para la aplicación de protocolos homologados y asociados a los derechos de búsqueda e investigación de las personas desaparecidas, a la escucha, acompañamiento y atención a las familias agraviadas y a los colectivos que históricamente realizaron las labores de búsqueda que el Estado obstruyó.
El día de ayer, 20 de mayo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de la República, se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de distintos ordenamientos legales.
En la nueva Ley de la Fiscalía General de la República no se establece una obligación clara y fortalecida de la Fiscalía General de la República, frente a los mecanismos de derechos humanos, esto es, no se determina la autonomía de gestión de la Fiscalía General de la República, ni existe claridad o certeza jurídica sobre la forma en cómo participara en el Mecanismo de Apoyo al Exterior, en el que se incluye, el Sistema Nacional de Búsqueda.
Se advierte que, la participación activa de las víctimas de violaciones a derechos humanos en los planes de investigación no se considera; en consecuencia, no se garantiza el derecho de las víctimas a coadyuvar activamente con el Ministerio Público. De igual manera, ha sido retirada la participación de la Fiscalía General como integrante en los órganos colegiados de toma de decisiones de diversas Instituciones relacionadas con las víctimas.
Al señalar el artículo 5 de la Ley de la Fiscalía al Ministerio Público de la Federación ’le corresponde, en representación de los intereses de la sociedad...’, se antepone como función primordial de la Fiscalía General de la República, la representación del interés social, por encima de la ’protección de los intereses de la víctima’, lo que pudiese ser regresivo, y atentar contra el principio de progresividad. En este sentido, se eliminan las funciones de intervenir en los procesos de ejecución penal, dejando de lado los derechos humanos de las víctimas y su acceso a la justicia.
En cuanto a la facultad de atracción con que cuenta la Fiscalía es limitativa del ejercicio de acceso a la justicia de las víctimas de derechos humanos.
Por las razones expuestas, este Organismo Autónomo Constitucional lamenta, en los términos, la aprobación, promulgación y publicación del Decreto por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de la República, se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de distintos ordenamientos legales, ya que no garantiza el derecho de las víctimas a coadyuvar activamente con el Ministerio Público, ni cumple con los estándares internacionales en la materia, ni con el principio de progresividad, entre otros.
En consecuencia, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encuentra analizando con organizaciones civiles y víctimas, el Decreto de mérito en su totalidad, para detectar todos los vicios de inconstitucionalidad y promover la demanda de acción de inconstitucionalidad correspondiente ante nuestro máximo Tribunal Constitucional.
¡Defendemos al Pueblo!