Por Julio Tapia.
López Obrador y la candidata de MORENA, a la presidencia de la república, Claudia Sheinbaum, apuestan a una reforma de fondo, al Poder Judicial, pero lo cierto es, que este, no representa a intereses partidistas como el legislativo, donde el ejecutivo, mantiene poder y status, pues ordena, planea, promueve e incide en mucho para que se aprueben reformas, que han de incidir en su plan de gobierno, sobre todo por tener aliados del propio partido político que lo encumbro en el poder, pero, el caso específico del poder judicial, que se encarga de administrar justicia, evidentemente es autónomo e independiente y ojala así permanezca, así lo mandata la Constitución, es decir se trata de una garantía instaurada para impedir injerencias de los otros poderes, en la resolución de litigios sometidos a su conocimiento, pero que pasaría, si el poder judicial, se sometiera al poder del ejecutivo, al poder económico y político, definitivamente, estaríamos en la antesala de un estado fallido, porque el estado no puede ser juez y parte, porque nadie debe estar por encima y debajo de la ley, sin distinción alguna, lo grave es, que sometido este poder, para que nos sirve la justicia, si hay que obedecer a injerencias de poder, como esas llamadas telefónicas que hizo el ejecutivo al ministro presidente de la Suprema Corte para resolver en favor de algún actor procesal, injerencia que viola la Constitución y tratados internacionales, pues Andrés Manuel, no respeto la ley máxima, ni mucho menos las leyes que de ella emanan, lo que huele a juicio político, pero como dice López Obrador, no pasa nada, para que nos sirve la justicia, si los ministerios públicos no integran bien las carpetas de investigación y aun así, el poder judicial, enmienda la tarea del ministerio público, vinculando con estándares mínimos de prueba, lo que lo los vuelve en servidores públicos pasivos, pues no realizan investigaciones serias, científicas con pruebas idóneas, pertinentes y suficientes, pues con el sistema de justicia penal oral, muy a pesar de que los actores procesales tengan pruebas científicas, si su actuación es juicio es deficiente, el órgano jurisdiccional tiene el compromiso legal de absolver, porque si bien es cierto que se cuenta con las pruebas suficientes que acrediten la culpabilidad más allá de toda duda razonable y se respete la presunción de inocencia y los derechos humanos, lo cierto es que, las deficiencias y negligencias del órgano acusador, trascienden al momento de resolver la situación jurídica apegado a derecho, brindando certeza jurídica, con imparcialidad, por estar en un estado democrático, pero no en una monarquía como se pretende, pues la carga de la prueba la tiene la fiscalía y quien acusa está obligado a probar, motivo por el cual las propias autoridades y la sociedad tienen que estar conscientes de la función jurisdiccional, y el hecho que hoy día, los integrantes de MORENA, promuevan que los integrantes del poder judicial, sean electos por parte del pueblo, sería una regresión, peor aun que los propios jueces, sean culpables de una condena absolutoria, pues que, caso tendrían los juzgados, que caso impartir justicia, acaso seria idóneo aplicar la ley del talión, e implementar en esta nueva corriente la ley de la fuerza por la fuerza de la ley,
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