Continúa ’manto protector’

Como pocas veces los principales periódicos nacionales editados en la Ciudad de México, hasta La Jornada, coincidieron en su nota principal de portada: la Fiscalía General de la República anunció que abrió una investigación legal en contra de Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración, por posibles delitos relacionados con el incendio en el centro de detención en Ciudad Juárez, donde se registraron 40 decesos.
Lo destacado es que de cumplirse con ese objetivo sería el primer funcionario federal cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador en ser sometido a un proceso legal, inculpado por alguna situación irregular, cuando han existido otros casos denunciados por corrupción –ese fenómeno social ’ya desterrado’ en el actual sexenio–, como el de Ignacio Ovalle implicado en un fraude por más de 15 mil millones de pesos en Segalmex.
Garduño Yáñez es un político que se inició en el servicio público federal desde mediados de los años setenta, siendo militante del PRI hasta que en 1987 se sumó a la campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas, colaboró en la fundación del PRD; después respaldaría a López Obrador a partir del 2000 se sumó al grupo de colaboradores de López Obrador en sus diferentes etapas en diferentes responsabilidades.
Por eso lo relevante el anuncio de la FGR de la investigación del comisionado del INM.
Sin embargo, en la conferencia de prensa del miércoles a una pregunta de un reportero acerca de su colaborador, López Obrador primero advirtió que se deberá esperar a que sean los jueces quienes determinen responsabilidades y tras insistir en que no habrá impunidad dijo que Garduño permanecerá en el cargo mientras surgen los resultados de la investigación.
Incluso, más tarde, tras salir de una reunión con senadores de Morena, Adán Augusto López, secretario de Gobernación fue cuestionado por la prensa sobre el mismo tema. En respuesta el tabasqueño advirtió que Garduño continuará en su cargo hasta que no exista una resolución judicial que lo inhabilite. ’En tanto no haya una disposición legal que lo inhabilite o que lo sujete a un proceso, bueno él va a esperar el resultado de esas investigaciones’.
En fin lo que parecía ser la investigación de un colaborador cercano del presidente, finalmente resultó una bomba de humo, ya que a pesar de la retórica de cero impunidad, sin duda se dejará pasar el tiempo y solamente elementos de menor jerarquía, aquellos que acataron órdenes serán inculpados, pero quienes podría ser considerados como responsables intelectuales o políticos, de ninguna forma serán involucrados ni castigados.