Crímenes atroces y corrupción: Jan Jarab, Representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos


Crímenes atroces y corrupción: Jan Jarab, Representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos

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Mayo 04, 2018 17:24 hrs.
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CIUDAD DE MÉXICO, A 4 DE MAYO 2018.-Es un honor y un placer poder compartir el espacio con Jim Goldstone con quien coincidí hace 25 años en otras batallas por los derechos humanos, en otra parte del mundo.

Quiero reconocer a OSI por la producción del informe que hoy se presenta, ’Corrupción que mata’. Es un informe muy fuerte – trata de hechos dramáticos, de masacres cometidas por el crimen organizado, de autoridades coludidas. Este producto es el resultado de un esfuerzo colaborativo entre diversas organizaciones de la sociedad civil en la documentación de graves violaciones de derechos humanos a lo largo de varios años y su exigencia de que éstas sean investigadas y sancionadas.

I. Relación entre violaciones de derechos humanos y la corrupción

Se me ha pedido que, a la luz de este informe, reflexione sobre la relación entre la comisión de violaciones de derechos humanos y la corrupción. Así pues, abordaré los vínculos entre ambas y las ventajas y desafíos que se enfrentan al utilizar herramientas de derechos humanos para combatir la corrupción.

El vínculo entre corrupción y violaciones de derechos humanos existe desde siglos. Sin embargo, en años recientes, la corrupción ha sido caracterizada crecientemente como un elemento que incide de forma negativa en el disfrute de los derechos humanos en su integralidad – civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, así como al derecho al desarrollo. Esta mirada es la que adoptó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su última resolución de 2017. Y si bien el vínculo tradicional entre corrupción y derechos humanos se ubica más en el área de derechos económicos, sociales y culturales – por ejemplo, cómo impacta la corrupción el goce del derecho a la salud - el informe de Open Society Justice Initiative nos ilustra, en los tremendos ejemplos de las masacres de Allende y Piedras Negras, cómo también las graves violaciones de derechos humanos (desapariciones, ejecuciones extrajudiciales) pueden estar íntimamente ligadas a la existencia de corrupción.

En ciertos casos, los actos de corrupción pueden causar y ser el origen de la violación de derechos humanos, como lo muestra este informe. Más aún, la corrupción no sólo debe ser concebida como factor de causalidad (directa o indirecta) de la vulneración de derechos humanos en casos individuales, sino también como un obstáculo estructural al ejercicio y goce de tales derechos. De hecho, la Suprema Corte de la India, en una resolución de 2012, señaló que la corrupción sistemática constituye una violación de derechos humanos per se.

La corrupción, especialmente cuando es de carácter sistemático, puede constituirse en un elemento facilitador de la violación también sistemática de los derechos humanos. De hecho, el informe que hoy se presenta nos muestra cómo la corrupción (¡que ya no consiste en actos corruptos individuales sino es sistemática!) genera violencia e impunidad. Además, este informe también nos ilustra el circulo vicioso: cómo se utiliza esta situación de violencia abrumadora para proponer e implementar las políticas de mano dura, sin rendición de cuentas, con aumentos de violaciones graves de derechos humanos.

Las graves violaciones a los derechos humanos y la corrupción sistemática suelen florecer en el mismo ambiente a raíz de factores tales como debilidad institucional, falta de control y contrapesos democráticos, altos índices de impunidad, etc. Es así como varios órganos de tratados de derechos humanos de Naciones Unidas han llegado a señalar que cuando la corrupción es extendida, los Estados pierden su capacidad de cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Las consecuencias estructurales permean el funcionamiento del Estado a diferentes grados. Puede haber una corrupción sistemática que suponga un proceso de captura estatal, donde el Estado pierda la capacidad de tomar decisiones autónomas que busquen el bien común y es abiertamente cooptado ya sea por intereses económicos, por bandas criminales o por la propia clase política para obtener ventajas personales. El efecto es devastador para el Estado de derecho. El informe de hoy nos muestra como esto ocurrió en el Estado de Coahuila. También se puede mencionar el Estado de Veracruz durante el reciente gobierno de Javier Duarte: hoy se está investigando un caso muy importante y prometedor de 20 funcionarios públicos encabezados por el ex secretario de seguridad pública por haber cometido desapariciones forzadas… y al mismo tiempo, el propio ex gobernador está procesado por corrupción.

II. Agenda propositiva

Nuestra Oficina – en cooperación con la presidenta del comité de participación ciudadana del sistema nacional anticorrupción, Marieclaire Acosta, y con varios actores de la sociedad civil, incluso del empresariado – intenta contribuir a la construcción de puentes entre ambas agendas, la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos humanos. Hay un consenso sobre cómo la confluencia entre ambas agendas puede servir para darle mayor efectividad tanto a la lucha contra la corrupción como al trabajo desarrollado a nivel nacional e internacional para lograr una mayor implementación de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.

En los últimos 5 años hemos sido testigos de protestas masivas contra contextos generalizados de corrupción o de impunidad en diferentes regiones del mundo – protestas que han sido reveladoras de las exigencias de la ciudadanía. El clamor común ha sido que la ley se aplique a todos por igual, incluyendo a aquellos que detentan el poder. Varios de estos movimientos han logrado demostrar cómo la corrupción afecta los derechos humanos en lo más cotidiano. No nos puede sorprender que los más afectados son los pobres y excluidos – si la impunidad es una hermana de la corrupción, su otra hermana es la desigualdad socio-económica. Pero es relevante que en las protestas contra la corrupción en varias partes del mundo hemos visto la creciente participación de las clases medias que dejan de aceptar la corrupción y la impunidad de los poderosos como una parte del ’paquete’ de control social.

Muchos de estos movimientos han formulado exigencias centradas en el rol del poder judicial. Han defendido que tanto instituciones judiciales como aquellas especializadas en la lucha contra la corrupción puedan trabajar sin impedimentos, de forma autónoma, y que puedan romper los pactos de complicidad entre diferentes actores estatales y privados que alimentan la corrupción. Estos movimientos han demostrado cómo la ciudadanía quiere una democracia sustantiva, no una sólo de formas.

El aporte de los derechos humanos también es central considerando el impacto relativamente limitado que ha tenido el combate a la corrupción desde un enfoque sólo del derecho penal que se centra en la búsqueda de la responsabilidad criminal individual. Los derechos humanos permiten atender la responsabilidad del Estado en su conjunto, desde una mirada preventiva - no sólo represiva- y estructural. Asimismo, la contribución del derecho internacional de los derechos humanos al combate contra la corrupción ha sido poner el énfasis en el daño que la corrupción provoca a las personas y no sólo en la eficiencia económica. Por lo anterior, las víctimas de la corrupción deben estar en el centro de la lucha contra este fenómeno y formar parte del análisis, diseño e implementación de mecanismos, políticas y estrategias para prevenir, sancionar y erradicar la corrupción. Adoptar un enfoque de derechos humanos resulta fundamental cuando se busca empoderar a los grupos excluidos o discriminados.

La vinculación de los actos de corrupción con las violaciones de los derechos humanos también crea nuevas posibilidades para la acción, especialmente si los actos de corrupción pueden desafiarse utilizando los distintos mecanismos nacionales, regionales e internacionales que existen para supervisar el cumplimiento de las normas de derechos. Este es uno de los retos más importantes que tenemos actualmente, la construcción de esta vinculación a nivel de órganos de derechos humanos, y creo que este informe puede contribuir en este sentido.

El éxito de las agendas de derechos humanos y de anticorrupción se basa en poner en el centro una institucionalidad que garantice la independencia judicial, la vigencia del principio de igualdad y no discriminación, la libertad de prensa y de expresión, el acceso a la información y la rendición de cuentas.

Sumar el derecho internacional de los derechos humanos es una garantía de que las herramientas para luchar contra la corrupción no van a ser instrumentalizadas. Existe el riesgo de que la lucha contra la corrupción se utilice bajo una lógica de propuestas demagógicas que van en contra los derechos humanos. Y también hemos visto como en ciertos países las herramientas para combatir la corrupción han sido utilizadas como un mecanismo de combate a los adversarios políticos, con una aplicación selectiva de la ley contra aquellos que no convienen al grupo más poderoso o las elites tradicionales. Estos casos nos demuestran cómo, si los derechos humanos no están en la base de la lucha contra la corrupción, se estarán cometiendo ulteriores injusticias.

III. Conclusión

En México, el Estado tiene un llamado a reforzar las medidas legislativas y de política pública para garantizar el ejercicio de los derechos humanos frente a las vulneraciones y restricciones que produce el fenómeno de la corrupción.

Fortalecer la independencia de los órganos de procuración y de administración de justicia es el primer paso en este sentido. Investigar crímenes como los descritos en este informe requiere de garantías de independencia judicial, de protección para aquellos que indagan las redes de complicidad extendidas. Un sistema nacional anti-corrupción sin posibilidad de que pueda operar una Fiscalía autónoma tiene pocas posibilidades de tener éxito.

Además, después de su visita en México en 2015, el Alto Comisionado Zeid Raad al-Hussein formuló 14 recomendaciones al Estado mexicano, publicadas junto con la respuesta del Estado en 2016. La primera de ellas es de crear un consejo asesor para proponer estrategias contra la impunidad (como lo menciona también el documento que hoy se presenta). En su respuesta, el Estado mexicano se opuso a la participación de expertos internacionales en un tal consejo asesor; y finalmente, ni siquiera la idea de un consejo asesor estrictamente nacional prosperó.

Todo ello nos parece muy relevante para el debate público actual Estamos en una encrucijada; ojalá este evento estimulará un amplio debate público sobre las posibles estrategias que nos permitirían avanzar contra la corrupción, contra la impunidad, con un enfoque de derechos humanos.

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