Por Julio Cesar Tapia García
La delincuencia y la extorsión se hace presente en todas las regiones del país, en el Estado de México y sus municipios no son la excepción, carpetas de investigación se inician a diario y una vez más la autoridad se ve rebasada en su actuación, tomando en consideración que no quieren y tienen la capacidad para enfrentar estos hechos delictuosos que causan un impacto muy hondo en las economías, que afectan al pequeño, mediano y gran comercio y me atrevo a decir que no quieren porque no hay un plan estratégico para atenuar, neutralizar y minimizar estas conductas que afectan todas las actividades económicas, no quieren porque no se le ha dado la importancia que causa, prefiriendo la autoridad omitir el tema e incluso minimizarlo al grado de que la propia autoridad lo tolere y esta se convierta en la principal fuente generadora, porque ni siquiera su presencia sea de respeto, pero si en muchos casos de miedo profundo hacia la sociedad civil, ante el temor de ser victima de un abuso policiaco, no quieren porque el propio ejecutivo y legislativo no asignan un presupuesto adecuado para atender este cáncer, no quieren porque las autoridades en prevención y persecución al delito no rinden cuentas, pero si prefieren fabricar delitos en donde los propios órganos jurisdiccionales se vuelven parte de este problema al consentir hipotéticos hechos delictivos corrigiendo errores de la fiscalía, no quieren porque los tres niveles de gobierno no realizan acciones para prevenir al delito, porque no se cuenta con el personal para investigar y realizar labores de investigación, porque no hay una coordinación entre los tres niveles de gobierno, porque no se cuentan con datos duros y estadísticos de los lugares, fechas y horas en donde se cometen estas conductas, porque no se realizan investigaciones de inteligencia y técnicas de investigación para enfrentar este grave problema, porque no tienen la capacidad tecnológica en el estado para atacar el problema, porque no existe un banco de datos biométricos, voces y de incidencia delictiva para afrontar el tema, porque ningún gobierno llámese municipal, estatal y federal asume su responsabilidad de reconocer el problema, además de realizar políticas preventivas en donde autoridad y diversos sectores de la sociedad se sumen a estas acciones, para no ser víctimas y ser parte del índice delictivo. En tanto esto no ocurra, la vida seguirá igual, por ello no hay un estado de derecho, pues las fuerzas del orden e instituciones no brindan protección y seguridad jurídica para sus ciudadanos, por ello, se evidencia el malestar de los ciudadanos hoy fue de los transportistas, mañana de los comerciantes y así sucesivamente un cuento de nunca acabar. No, no al diablo las instituciones mejor que trabajen, pero si no pueden que renuncien.
Soy Julio Cesar Tapia y me puedes seguir en Despacho Jurídico Tapia y Asociados o al teléfono 5564513080.