Periodistas de Veracruz exigieron a las autoridades frenar la impunidad en la investigación en contra del exgobernador de aquel estado, Javier Duarte por la muerte de 18 reporteros y la desaparición de tres colegas durante su sexenio.
De acuerdo con un comunicado de la Red Veracruzana de Periodistas señala que Duarte sólo es investigado por delitos vinculados a corrupción y el desvío de los recursos públicos de la entidad.
Sin embargo, ni la Procuraduría General de la República ni la Fiscalía General del Estado de Veracruz le han presentado cargos relacionados con las muertes de periodistas ni con las numerosas agresiones contra la prensa registradas durante su mandato.
De acuerdo con organizaciones internacionales defensoras de la libertad de expresión como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras "el estado de Veracruz se convirtió en una de las regiones del mundo más peligrosas para el ejercicio periodístico durante la administración de Javier Duarte".
Se destaca que durante la administración de Javier Duarte desaparecieron los periodistas Sergio Landa Rosado de Cardel, Miguel Morales Estrada de Poza Rica y Gabriel Fonseca de Acayucan.
Mientras que los comunicadores asesinados son: Yolanda Ordaz, Gabriel Huge, Misael Solana, Milo Vela, Guillermo Varela y Esteban Rodríguez, en el puerto de Veracruz; Regina Martínez y Víctor Báez, en Xalapa; Armando Saldaña y Pedro Tamayo, en Tierra Blanca; Gregorio Martínez, en Coatzacoalcos; Manuel Torres, en Poza Rica; Juan Mendoza y Moisés Sánchez, en Medellín; Anabel Flores y Juan Santos Carrera, en Orizaba, y Noel López, en Jáltipan. En el caso de Rubén Espinosa, quien trabajaba en esta capital, fue asesinado en la Ciudad de México, a donde huyó tras recibir amenazas.
"Ninguno de los crímenes contra periodistas veracruzanos ha sido esclarecido. Mientras Javier Duarte fue gobernador, la Fiscalía General del Estado criminalizó a las víctimas y nunca hubo interés por detener y castigar a los autores intelectuales y materiales", destaca el documento.
Por último, señalan que estpan "convencidos de que Javier Duarte de Ochoa, así como sus más cercanos colaboradores, quienes también deben ser investigados, tuvieron un alto grado de responsabilidad en los crímenes antes señalados, tanto por acción como por omisión, por lo que pedimos que las investigaciones atraídas en la FGE y en la Fiscalía Especializada para la Atención en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) sean reactivadas lo más pronto posible".