“Gobernadores”

Cuando menos media docena de gobernadores se encuentran en el banquillo de los acusados por su falta de sensibilidad política para enfrentar los problemas de sus respectivas entidades, y en donde –como es el caso del poblano Rafael Moreno Valle-, dedican su tiempo a justificar sus yerros lejos de resolver el origen de los problemas, que son las justas demandas de la ciudadanía. Desatiende, por ejemplo, velar por la seguridad de sus gobernados y se esmera en cuidar su imagen ante legisladores y medios de comunicación.
En el caso del gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, promulga por enésima ocasión una Ley tendiente a encubrir los numerosos hechos delictuosos que ocurren en la entidad no de ahora, sino desde hace décadas, como consecuencia de la asociación delictuosa de corporaciones policiacas y delincuentes y, tratando de evitar que estos se den a conocer a la opinión pública, establece una serie de prohibiciones que nunca han tenido vigencia en un país con amplias libertades como el nuestro.
En el caso del tabasqueño gobernador de Morelos, Graco G. Ramírez Abreu, aprovechó las circunstancias políticas para asentarse en la entidad, saturada de familias que huyen del DF y de otros países, para realizar sus actividades como dirigente social, e involucrarse en su vida política interna, pero ha quedado claro que es muy diferente a ser opositor a gobernante. Hoy sufre los mismos embates de una ciudadanía inconforme por su incapacidad –como las de sus antecesores- para brindar tranquilidad pública al estado.
La situación de Oaxaca es realmente lamentable. El Centro Histórico de la capital es rehén de grupos en disputa: sede del poder Ejecutivo, el zócalo está secuestrado por la disidencia magisterial que aprovecha su tiempo para que los maestros ejerzan el comercio en la vía pública; abran espacio a los vendedores ambulantes que se han extendido ya a los dos mercados tradicionales ante la irritación de los locatarios, mientras las autoridades municipales se hacen de la vista gorda y el titular de seguridad pública culpe del desorden a los ex gobernadores priistas con deseos de recuperar espacios políticos.
De una u otra manera, los mandatarios tienen que cumplir con los ciudadanos, de ejercer el poder para garantizar paz y tranquilidad para la realización de sus actividades productivas o el esparcimiento familiar, pero mientras no existan condiciones que les permitan llevar una vida normal y tengan que enfrentarse a las marchas de protesta, la falta de servicios y de seguridad, no están cumplimiento con su compromiso con los electores y, pese a que traten de encontrar culpables y acusar a otros del desorden, no es esa su función.
En donde ya la figura del gobernador ha desaparecido es en Michoacán, pues tan malos los que se fueron como el que está ahora al frente del Ejecutivo, pues los michoacanos no encuentran para donde hacerse, ya que la violencia sigue en auge, las cadenas delictivas formadas hace varios sexenios siguen saliendo a la luz pública, lo cual da un panorama desolador al país que observa el grave deterioro de nuestras instituciones. Se debe regenerar el tejido social y rescatar las instituciones, pues ya los mandatarios no son ni siquiera figuras decorativas ante la irritación social al alza que exhibe la falta de oficio político de los gobernantes de una u otro color, de los distintos partidos, que no han pasado la prueba y que, necesariamente, habrán de ser desplazados o por la movilidad ciudadana o por la conclusión de su tiempos sexenales para darle paso a otra generación que esperamos no sea tan deficiente como la actual.
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