Peña Nieto falseó declaración sobre compra de casa; pagó 11 mdp: Reuters
Una investigación del periodista Simon Gardner para la agencia informativa Reuters da a conocer que la propiedad del presidente de México costó alrededor de 11 millones de pesos y no fue una donación de su padre, como señaló el mandatario en su declaración patrimonial
Por: Newsweek en Español
28 May 2015
El presidente Enrique Peña Nieto falseó ante las autoridades las circunstancias bajo las cuales adquirió unas de sus propiedades, según demuestran documentos públicos revisados por Reuters, discrepancia que podría ahondar la controversia en torno de sus finanzas personales.
Según una declaración patrimonial oficial presentada inicialmente en 2013, el mandatario afirmó haber adquirido la propiedad mediante una “donación” u obsequio de su padre. Peña Nieto, quien hizo pública dicha declaración de bienes en 2013 como parte de un esfuerzo de transparencia y rendición de cuentas, ha actualizado y ratificado su declaración en dos ocasiones desde esa fecha.
En respuesta a una petición de información pública, Reuters pudo revisar los documentos que demuestran que, de hecho, Peña Nieto adquirió la propiedad en cuestión –un terreno de mil metros cuadrados en la población de Valle de Bravo- en 1998, y pagó a terceros un total de 11.2 millones de pesos (equivalentes a 5 000 dólares, en esos días), según consta en el registro. No obstante, su declaración patrimonial enumera la propiedad por un valor de solo 11 200 pesos “viejos”, equivalentes a unos 5 dólares de la época.
Reuters no pudo establecer porqué la declaración de Peña Nieto describió engañosamente la compra como un obsequio y subestimó el precio. Sin embargo, detectó que la declaración patrimonial enumera otros ocho bienes raíces, cinco de los cuales parecen descritos igualmente como donaciones. Reuters no pudo determinar si esas propiedades, que incluyen casas y terrenos, están debidamente caracterizadas.
Los funcionarios públicos mexicanos no están obligados a explicar el origen de los fondos utilizados para obtener propiedades que reciben como obsequios, mas se les exige que declaren con toda precisión cómo adquieren sus propiedades.
Al pedir una explicación sobre las discrepancias de los documentos, la oficina de la presidencia declinó repetidas peticiones de comentarios.
En los últimos meses, Peña Nieto ha estado bajo gran presión debido a una serie de escándalos por conflictos de interés derivados de propiedades que él y su esposa, Angélica Rivera y el secretario de Finanzas, Luis Videgaray, adquirieron de contratistas gubernamentales.
El año pasado, la periodista Carmen Aristegui y sus colegas informaron que Rivera estaba comprando una residencia de varios millones de dólares a la unidad de un contratista del gobierno que formaba parte de un consorcio chino que había ganado un contrato de 3.75 mil millones de dólares para construir un tren de alta velocidad. Más tarde, The Wall Street Journal informó que Peña Nieto adquirió otra residencia de un desarrollador que, según el diario, posteriormente ganó millones de dólares en contratos de obras públicas federales.
El mandatario ha negado cualquier delito, pero sus escándalos han ensombrecido una importante reforma económica con la que Peña Nieto esperaba impulsar la 15ª economía más importante del mundo.
PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN
Esta semana, Peña Nieto publicará su declaración patrimonial anual actualizada con más detalles, anunció un funcionario del palacio presidencial. Pero no divulgará los bienes de su esposa porque ella no es servidora pública ni depende financieramente de él, agregó el portavoz.
Reuters consultó con diez abogados y profesores de las principales firmas y escuelas de leyes del país, quienes dijeron que la declaración patrimonial incorrecta podría causar serios problemas al mandatario, ya que la discrepancia entre los documentos del registro y su declaración oficial constituyen falso testimonio ante las autoridades.
Varios juristas señalaron que el Artículo 80 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece cuáles los funcionarios, incluido “hasta el presidentede la República”, deben declarar su patrimonio a las autoridades, bajo juramento. “El servidor público que en su declaración de situación patrimonial faltare a la verdad… será suspendido, y cuando por su importancia lo amerite, destituido e inhabilitado de tres meses a tres años”, dice la ley
Varios abogados comentario que, en su opinión, la declaración patrimonial del presidente debía ser auditada debido a sus discrepancias.
“La propiedad fue declarada como donación del padre cuando, en realidad, es producto de una compra”, dijo Víctor Blanco, jurista y académico mexicano. “Eso es incurrir en falsedad”. Otros funcionarios que no sean capaces de justificar el origen de su patrimonio podrán enfrentar una auditoría por sospecha de enriquecimiento ilícito y de ser confirmada, habrán cometido un crimen bajo el Artículo 224 del Código Penal Federal de México.
Un jurisconsulto, al abrigo del anonimato, dijo que el presidente podría argumentar que el dinero usado para comprar la propiedad le había sido donado y así, la discrepancia no sería un problema tan grave.
(Con información de Reuters)