TOLUCA, MÉX; A 12 de enero de 2024.-En hora buena la acción que emprende el Poder Judicial del Estado de México, a través del programa de certificación para la abogacía que litiga en el Estado de México, Lo anterior derivado al derecho humano a una representación técnica y adecuada que contribuye a la seguridad jurídica de los ciudadanos, sin embargo, abogados de la entidad consideran que dicha certificación debe estar ajena a interés de Colegios y Barras de abogados, quienes a través de esta certificación solicitan aportaciones dicen ellos voluntarias que van de los veinte mil pesos en adelante, por lo que es necesario e indispensable que esta certificación se haga directamente por parte del poder judicial de manera gratuita, pues es el Poder Judicial, ha puesto al servicio de la sociedad y muy en particular de los abogados esta certificación, profesionalización y actualización y evitar que la corrupción también sea presa de este trámite.
Ricardo Sodi Cuellar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, explicó que se trata de un programa piloto que constará de dos etapas. La primera será un diplomado de 120 horas y quienes lo acrediten podrán participar en la segunda fase, que es el proceso de certificación y precisó que iniciarán con las materias penal y familiar, posteriormente civil, laboral y justicia para adolescentes.
Entre otros aspectos, la certificación implicará verificar que los litigantes cuenten con la práctica, experiencia y competencia para comparecer ante los tribunales en representación de los justiciables.
Tema vinculante la actuación de los servidores públicos del poder judicial quienes también deben ser certificados ante una institución u organismo, pues en muchas ocasiones Jueces y magistrados en materia penal resuelven la situación jurídica de los imputados con medios de prueba cuyos estándares son muy bajos, solo dignos de un auto de vinculación, sustentando sus criterios con pruebas circunstanciales, violando en muchas ocasiones la presunción de inocencia, legalidad y seguridad jurídica, pues las mismas deben estar fundadas y motivadas con pruebas directas más allá de toda duda razonable, violentándose con ello el debido proceso, pues pareciere que el poder judicial mantiene una política de jueces de consigna, mismas que son ratificadas por los magistrados de segunda instancia, resoluciones que a su vez revisados en vía de amparo por el poder judicial de la federación denotan graves inconsistencias y negligencias.
Pasando por alto la propia Constitución al citar que el juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado, no se diga de la actuación de jueces prepotentes, esperemos también una reforma al poder judicial para que estos temas sean analizados y también se contrate a mas personal del poder judicial para que el usuario no sea víctima de la dilación en la administración de justicia, que tiene que esperar varias horas para esperar su audiencia, siendo muy normal este acto de molestia,
Y se reitera que esta certificación sea por parte del Estado de manera gratuita, pues también se debe respetar el derecho de no asociación a alguno de estos colegios o barras de abogados, así como el cobro ilegal no regulado en la ley por este concepto de certificación que pueda considerarse un lucro indebido a través de la simulación del pago de un derecho, pero como ya lo ha dicho el propio poder judicial, ello de ninguna manera debe limitar el ejercicio profesional que seria a todas luces inconstitucional. Soy Julio Tapia y me puedes seguir en Despacho Jurídico Tapia y Asociados.