Chilpancingo, Gro., julio 05 de 2017 (IRZA).- Diputados del Partido Movimiento Ciudadano (MC) presentaron una denuncia de hechos en contra del fiscal Xavier Olea Peláez ante la Procuraduría General de la República (PGR) y demanda de juicio político ante el Congreso local.
La demanda en contra de Olea Peláez fue entregada al oficial mayor del Poder Legislativo, Benjamín Gallegos Segura, por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, coordinador parlamentario de MC, quien negó que detrás de esa acción esté otro interés o ’bandera’ política para promover su imagen hacia la elección del 2018.
Los recursos legales en contra del fiscal fueron respaldados por Victoriano Sánchez Carbajal, presidente del Colegio de Abogados del Estado de Guerrero, y por Julia Alonso Carbajal, coordinadora de Ciencia Forense Ciudadana.
Acompañado por el diputado Silvano Blanco Deaquino, también de MC, así como por Sánchez Carvajal y Alonso Carbajal, Mejía Berdeja acusó al fiscal de incurrir en ’violaciones graves’ a las constituciones y leyes federales y locales.
Suficiente razón, dijo, para que el Poder Legislativo ejerza su facultad de control parlamentario ’declarando la procedencia del presente juicio político, separando de su cargo al servidor público que ha quebrantado la ley’.
Afirmó que la incapacidad de la FGE para garantizar una adecuada ’procuración de justicia’ ha ’agudizado la crisis de seguridad que enfrenta el estado’, cuyo titular ha ’soslayado’ su compromiso y responsabilidad de ’enfrentar y resolver con eficiencia, eficacia y honestidad, los problemas de criminalidad’.
Porque mantiene en activo, como admitió el lunes 26 de junio al comparecer ante diputados, a 293 elementos de la FGE, entre policías ministeriales, peritos y agentes del Ministerio Público, pese a que no aprobaron los exámenes de control y confianza.
El legislador también denunció que hasta ahora Olea Peláez no ha iniciado el procedimiento para designar al fiscal especial en materia de desaparición forzada y búsqueda de personas desaparecidas.
Señaló que la ’omisión’ del fiscal constituye una ’franca conculcación al principio de legalidad’. Pero cuestionó el ’ilegal nombramiento’ de Rigoberta Román Orea, como fiscal especial para la investigación de delitos cometidos contra periodistas y defensores de derechos humanos.
Aseguró que la designación de la funcionaria no se sujeta al artículo 142, numeral 10, de la Constitución de Guerrero, en el cual se establece el visto bueno y aprobación de las dos terceras partes del Poder Legislativo.
Agregó que Olea Peláez ha manifestado que la FGE no ha ejecutado las órdenes de aprehensión que tiene acumuladas porque ’considera que el cumplimiento del mandato jurisdiccional no es lo políticamente correcto’, y que, en consecuencia, ’violenta el derecho fundamental de acceso a la justicia de las víctimas de los delitos’.
Mejía citó que Guerrero cerró el 2016 con 2 mil 213 asesinatos y que de acuerdo con el organismo ’Índice de Paz México 2017’, sólo se ha hecho justicia en 133 casos, quedando impunes 2 mil 80 homicidios. Aseguró que en el primer trimestre de este año, en Guerrero se han registrado 550 asesinatos.
No hay intereses políticos, niega Mejía
A Mejía se le preguntó si las denuncias contra el fiscal obedecen a algún interés político como parte de su promoción política para la elección del 2018, a lo que respondió que es parte de la agenda legislativa de MC en el Congreso local, y afirmó que están ’actuando con congruencia’ y que no ven ’colores partidistas’.
Victoriano Sánchez Carbajal aseguró por su parte que el Colegio de Abogados está al margen de cualquier interés político y se unieron a esa acción legal porque se debe hacer valer el interés social y constitucional. ’Es un reclamo social’, dijo.
Mientras que Julia Alonso Carbajal afirmó que Ciencia Forense Ciudadana ’no se está prestando a ningún juego político’ y que su único interés es hacer un ’reclamo de justicia para las víctimas de desaparecidos y asesinados’.
’Las familias ya no aguantan más estar esperando sexenio tras sexenio que a alguien se le ocurra resolver los casos que están archivados, y que pasa y pasa el tiempo y siguen en espera y en espera’, sostuvo.
En tanto, integrantes del Movimiento por la Paz de San Miguel Totolapan revelaron que el despacho jurídico ’Olea y Asociados’, del que forma parte el fiscal Xavier Olea Peláez, se encarga de la defensa legal del diputado con licencia Saúl Beltrán Orozco, en el juicio que enfrenta por homicidio.
Por la anterior razón, acusan es que no se ha podido concretar la captura del líder de ’Los Tequileros’, Raybel Jacobo de Almonte, como tampoco el juicio político en contra de Saúl Beltrán, y mucho menos detenerlo.