NEZAHUALCÓYOTL, MÉX.- Luego de que el Ministerio Público de la Federación presentara los datos de prueba de la presunta participación de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita contra el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, el juez José Artemio Zúñiga, emitió auto de vinculación y determinar como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, por lo que habrá de permanecer en el CEFERESO número 16 en el Estado de Morelos.
Durante la audiencia inicial que duro 14 horas, Borge Angulo solicito al juez reservar su derecho a declarar y determinar su situación jurídica inmediata.
Por los delitos a que fue vinculado está, la enajenación de la venta de predios del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Publica del Estado del que Roberto Borge, era presidente del consejo directivo y que lejos de preservar los bienes en favor del gobierno del Estado permitió su venta a través de la directora del IPAI, Claudia Romanillo Villanueva, además de utilizar empresas fantasmas, prestanombres, entre los que se encuentra su mamá, amigos y otros serán llamados a comparecer, sostuvo el juez de competencia.
Durante el desarrollo de la audiencia celebrada en el Juzgado Federal, se presentaron datos de prueba en donde la fiscalía demostró que el inculpado, trato de ocultar la venta terrenos, en la que su mamá, María Rosa Yolanda Angulo resultó favorecida con la compra de un predio en menos de un millón de pesos para después venderlo en más de 51 millones de pesos al presta nombres, César Celso González Hermosillo Melgarejo, quien además era el abogado de la familia Borges Angulo.
El representante social, dijo que Roberto Borge tiene tres ordenes de aprehensión, que al enterarse de que era requerido por la justicia mexicana decidió viajar a diferentes países para evitar su detención.
Agregó que la detención de Roberto Borge la realizo la policía panameña cuando trataba de viajan a Europa, país que finalmente lo entrego al gobierno de México mediante la ex tradición para responder a los cargos que se le imputan.
Al expediente se le acumulan documentales de la Unidad de inteligencia de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, por presuntos delitos de evasión fiscal entre otras evidencias, además de peculado.
El juez, señaló que de acuerdo con las testimoniales de la carpeta el quebranto al gobierno de Quintana Roo, es superior a los 900 millones 99 mil 418.17 pesos en los que participaron sus familiares, amigos, presta nombres como de empresas fantasmas.