Tirar a Matar

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Enero 22, 2019 19:06 hrs.

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Derechos Humanos Estados › México Guerrero


- La CNDH establece que la policía federal retuvo, torturó e incurrió en uso excesivo de la fuerza que derivó en la muerte de Antonio Vivar el día 7 de junio del 2015

- Recomienda abrir investigaciones contra policías federales y la cadena de mando

- Establece que la SEDENA y SEMAR también incurrieron en violaciones a los derechos humanos y recomienda investigarlos



CHILPANCINGO, GUERRERO A 22 DE ENERO 2019.-El 27 de diciembre de 2018 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 85/2018 por los hechos de los días 5 y 7 de junio de 2015 en la ciudad Tlapa de Comonfort, en los que varios profesores y luchadores sociales fueron detenidos arbitrariamente y torturados. En esos mismos hechos Antonio Vivar Díaz fue asesinado por policías federales. Estos graves acontecimientos se suscitaron en el marco de la jornada electoral en la que varias organizaciones sociales y magisteriales de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) se hicieron eco del llamado de las madres y padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural ’Raúl Isidro Burgos’ de boicotear las elecciones del 2015.



En la recomendación la CNDH establece que policías estatales, federales, miembros del Ejército Mexicano adscritos al 93 Batallón de Infantería y de la Secretaría de Marina incurrieron en violaciones contra activistas sociales los días 5 y 7 de junio. La policía estatal torturó y lesionó a varias personas el 5 de junio quienes apoyaron a grupos de choque que arremetieron contra los manifestantes. El 7 de junio la policía federal detuvo sin orden de aprehensión a 8 personas que fueron conducidas al 93 Batallón de Infantería de Tlapa para trasladarlos en helicóptero al puerto de Acapulco sin motivo legal alguno. La noche de ese mismo día la policía federal arremetió violentamente contra los colonos del Tepeyac quienes previamente retuvieron a 35 policías en respuesta a las detenciones ilegales y por querer llevarse los vehículos de la CETEG. Con el apoyo del ejército se abrieron paso golpeando a las personas que bloqueaban las calles y uno de los policías detenidos accionó su arma contra Antonio Vivar Díaz.



El saldo de esta jornada violenta fue de ocho personas entre ellas dos mujeres y un menor de edad quienes de manera ilegal fueron trasladados a las instalaciones del 93 batallón de infantería, acusadas de incendiar un carro del Instituto Nacional Electoral (INE); sin embargo, de acuerdo con la recomendación de CNDH la policía federal nunca acreditó esta autoría. El traslado de los detenidos irritó a los colonos y dio pie para que escalara el conflicto. Las investigaciones de la CNDH constatan una serie de irregularidades en las actuaciones de las policías y del mismo ejército ante el uso excesivo de la fuerza y por el incumplimiento a los protocolos establecidos en el derecho internacional.



La recomendación enfatiza que la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado no procesó evidencia relevante como los casquillos encontrados en la escena del crimen de Antonio Vivar ni las remitió a PGR. De igual forma, esta institución tampoco investigó esa omisión y se negó a iniciar la investigación por tortura en agravio de los activistas .



Por lo anterior la CNDH recomienda lo siguiente:



· A la Secretaría de Defensa Nacional que colabore con las investigaciones y quejas ante los órganos de control interno en contra la detención y retención de 8 personas el día 7 de junio y designe a un funcionario de alto nivel para que funja como enlace de verificación del cumplimiento de la recomendación.

· Al Procurador encargado de despacho continuar con las investigaciones de la averiguación previa 5, la que se inicie por tortura y por las sustracciones de pertenencias y dinero en agravio de los ochos detenidos. De igual forma pide se designe personal de alto nivel para dar seguimiento al cumplimiento de la recomendación.

· Al Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana recomienda repare el daño, a los detenidos, lesionados y torturados, así como a los familiares de Antonio Vivar, además de brindar atención psicológica y tanatológica a los familiares de Antonio Vivar. De igual forma recomienda colaborar con todas las investigaciones tanto penales como administrativas.

· Al Gobernador recomienda que repare integralmente el daño a Juan Tenorio, Leogín y otro profesor que manejaba el carro del sonido el día 5 de junio del año 2015. Colabore con las investigaciones y quejas que se inicien en contra de servidores públicos del Estado.

· Al Fiscal recomienda que colabore con las quejas que al efecto se inicie por las omisiones de personal Ministerial en las indagatorias.



Como organismos civiles de derechos humanos exigimos a las autoridades estatales y federales cumplir cabalmente las recomendaciones, particularmente que se inicien las investigaciones penales y administrativas contra policías estales y federales y la cadena de mando, así como contra miembros del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina implicados en la detención arbitraria y traslado ilegal de las 8 personas. De igual forma se inicien las investigaciones por tortura y se agilice la indagatoria por el asesinato de Antonio Vivar Díaz que permanece estancada en la Delegación de la PGR de Guerrero.



Nos preocupa que pese a la existencia de recomendaciones de organismos nacionales e internacionales que condenan el uso excesivo de la fuerza en las protestas sociales y la tortura como método de investigación y de castigo, continúe siendo un patrón de conducta de los cuerpos de seguridad pública. Lo más grave es que las autoridades se hagan cómplice de estas actuaciones al mantener intacto el pacto de impunidad con los perpetradores.



Exigimos que cese la persecución contra luchadores sociales y la cancelación de las órdenes de aprehensión contra los activistas que protestaron los días 5 y 7 de junio. Demandamos que las autoridades federales y estatales reparen el daño ocasionado a las víctimas y se garanticen medidas de no repetición.

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