Carlos Ravelo Galindo, afirma:
Tiene toda la razón el presidente del Poder Judicial de la Federación, Luis María Aguilar Morales, cuando afirma que los jueces no son el problema en el nuevo sistema de justicia penal, como erróneamente se ha hecho creer. Por supuesto que el problema de la seguridad pública recae en los poderes ejecutivo y legislativo. Quienes crean las leyes. De ninguna manera en el judicial, que solo las aplica. No las interpreta. No las descifra. ’El problema de seguridad pública que vive el país demanda de los jueces mayores esfuerzos en su tarea, que bajo ningún concepto puede ser usado como pretexto para olvidar el respeto de los derechos que el propio constituyente ha reconocido en favor de quien se le imputado un delito o la víctima’, asevera don Luis María. Para entenderlo mejor: los jueces y magistrados son de legalidad. Quienes aplican las leyes, que crea el legislativo, que la fiscalía, llámense agentes del ministerio público, invoca en sus consignaciones. Y son éstos que, por interés o ignorancia, las equivocan. El juzgador simplemente se atiene a ellas. Y falla en consecuencia: detención o libertad. No se equivoca el también presidente de la Suprema Corte cuando declara que no es tarea ni responsabilidad del Poder Judicial de la federación mejorar las condiciones de seguridad en el país. Esa es tarea de las autoridades que dependen del Ejecutivo. Debemos explicar que los ministros de la Corte Suprema son de constitucionalidad. Su deber es vigilar que las leyes siempre estén dentro de la Carta Magna. Y que se apegue a ella la judicatura en general. Como ya actúan los jueces que deciden sus resoluciones frente a fiscales y público. [email protected]