Hace 12 años despertamos con una noticia atroz: 72 personas migrantes habían sido torturadas y asesinadas. La Masacre de 72 Personas Migrantes, ocurrida en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010, es emblemática de la grave situación de violencia contra las personas migrantes que no cesa en nuestro país y de las tragedias a las cuales está sujeta dicha población.
A 12 años de los hechos, 9 víctimas de la masacre siguen sin ser identificadas, denotando la falta de capacidad de articulación y colaboración entre México y los países de la región, para enfrentar la crisis de desapariciones y forense. Hay 9 familias que continúan buscando a sus seres queridos desde hace más de una década, sin saber que éstos se encuentran en un anfiteatro.
Aunado a ello, 6 familias de Guatemala y una de Brasil llevan cerca de 10 años esperando la revisión de identificación de los cuerpos que les fueron entregados fast-track, entre 2010 y 2011, sin explicación, sin documentación, sin siquiera poder verlos. No hemos contado con la voluntad de
alto nivel del gobierno mexicano para que logren un acuerdo con sus pares guatemaltecas, para llegar
a un acuerdo que permita la exhumación de los cuerpos en territorio guatemalteco y la revisión de los
mismos por parte de la Comisión Forense, integrada por peritos de la Fiscalía General de la
República (FGR) y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Sabemos que México y
Guatemala tienen una excelente relación diplomática, la cual no ha servido para abrir el camino a la
justicia y la verdad para estas familias.
El año pasado murió Ángela Pineda Morales, sin saber si los restos que recibió hace más de 10 años
son efectivamente de su hija Mayra Izabel. No podemos seguir permitiendo que más madres,
esposas, hermanas fallezcan sin saber en dónde están sus seres queridos.
La espera ha generado desesperación, enfermedad y hasta muerte prematura. El caso ha colocado la
urgente necesidad de nuevos esquemas de investigación, búsqueda e intercambio de
información entre instituciones y entre países, tratándose de casos transnacionales y violaciones
graves a derechos humanos.
No obstante su trascendencia social, política y en materia de derechos humanos, el caso permanece
en la impunidad.
La urgencia de una Comisión Especial
A 12 años de este terrible crimen no hay una sola sentencia por la Masacre. Y las únicas dos
sentencias relacionadas con los imputados derivaron de otros hechos (delincuencia organizada y
portación ilegal de armas de fuego) y no por los 72 homicidios de personas migrantes.
El patrón de impunidad que existe en los casos de las masacres de personas migrantes, la
deficiencia institucional de las fiscalías y la falta de mecanismos eficaces para investigar graves
violaciones a los derechos humanos, hace imprescindible, a 12 de la Masacre de los 72, empezar a
generar esquemas diferentes que puedan traer verdad, justicia y reparación para estas familias.
No ha existido una colaboración regional para investigar masacres y desapariciones de migrantes. Los
tratados de cooperación y asistencia mutua entre México y los países de la región ya no
responden a las necesidades que impone en la actualidad la problemática de muertes y
desapariciones de personas en contexto de movilidad.
Por eso, urge la conformación de la Comisión Especial para la Investigación de Masacres y
Desapariciones de Personas Migrantes, recomendada por el Comité contra las Desapariciones
Forzadas de la ONU en su último informe de visita a México, para éste y otros casos de masacres y
desapariciones de personas migrantes, con participación y asistencia técnica de expertos nacionales e
internacionales.
Esta Comisión Especial contaría con una visión
transnacional de la justicia, con un enfoque de
macrocriminalidad y análisis sistémico, que incluye países
de origen, tránsito y destino.
Las personas migrantes cotinúan siendo objeto de
discriminación, abusos y múltiples delitos, como
secuestros, extorsión, violación, trata con fines de
explotación laboral y sexual, y homicidio. Las
autoridades de México, Guatemala, El Salvador y Honduras
no pueden seguir cerrando los ojos ante un fenómeno que
crece día con día, sin que las víctimas y sus familias tengan a quién recurrir.
Desde la Masacre de las 72 Personas Migrantes de San Fernando, Tamaulipas, han ocurrido otras
grandes masacres, en las que las víctimas son en su mayoría migrantes: Fosas Clandestinas (2011),
Cadereyta (2012), Güémez (2014) y Camargo (2021).
Para la investigación de los casos, la Fiscalía General de la República (FGR) aceptó el apoyo técnico
de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, éste no se ha concretado y no se ha
reportado ningún avance en este sentido.
Con la lucha de años, de la mano de los comités de familias de víctimas, organizaciones aliadas y
algunas autoridades hemos avanzado en poner los cimientos de instrumentos como el Mecanismo de
Apoyo Exterior Mexicano (MAE), a través del cual las familias de personas migrantes pueden
denunciar la desaparición o cualquier delito desde sus países de origen (algo impensable hace unos
años) o la Mesa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas, creada en noviembre del
2021 por el Sistema Nacional de Búsqueda. Sin embargo, aún falta la voluntad política para crear un
sólido marco normativo y operativo, así como para la asignación de recursos necesarios.
Si la justicia se siente, la impunidad para.
Atentamente:
Fundación para la Justicia (FJEDD)
Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala (AFAMIDEG)
Comité de Familiares de Migrantes del Centro de Honduras (COFAMICENH)
Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de la Guadalupe (COFAMIGUA)
Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos (COFAMIDE)
Colectivo ’Justicia y Esperanza’
Casa del Migrante Saltillo
Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI)
Sin Fronteras
Antimonumentos, Ruta de la Memoria
Mexiro, A.C.
La 72, Hogar-Refugio para personas migrantes.
Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC)
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM)
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México (FUUNDEC-M)
Justicia Transicional México
Iniciativa Kino para la Frontera
Impunidad Cero
Investigación y Práctica Social y Cultural
Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados (SMR)
Pastoral de Movilidad Humana Honduras
Carovane Migranti
Patricia Zamudio Grave, profesora-Investigadora del CIESAS-Golfo
Mercedes Perez. Programa de Apoyo a Migrantes, Comisión de Acción Social Menonita Honduras
Nitza Segui, Latinas en Poder
ACCSS Guatemala
National Network for Immigrant and Refugee Rights (NNIRR)
Griselda M. Linares, Católicas por el Derecho a Decidir El Salvador, CDD El Salvador.
Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados, Universidad Diego Portales
Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género
Comisión de Acción Social Menonita (CASM)
Bloque Latinoamericano sobre Migración
Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala (MENAMIG)
Tzome Ixuk, Mujeres Organizadas A.C.
Socialis, A. C
Edmundo Arana Estrada
Nubia Lazo Vida Plena El Salvador
Casa Monarca, Ayuda Humanitaria al Migrante A.B.P
Asociación Pop No’j - Guatemala
Radio Revista Contacto Migrante
Red Juvenil Ak Molam - Ixcán Quiché Guatemala
Mesa Técnica para las Migraciones -Ixcán, GuatemalaColectivo de Asuntos Migratorios de Ixcán (CAMI)
Las Consejeras en Oaxaca
Valentina Jaso
La Mesa Boricua de Florida
Apoyo a Migrantes Venezolanos - México
Grupo de Identidad y Educación para personas en movilidad (GIE)
Red de Mujeres del Bajío- México
Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración
Centro de Atención a la familia Migrante Indígena (CAFAMI)
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC)