El próximo 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador enviara un paquete de reformas, planteando que serían diez y posiblemente hasta veinte propuestas, que deberán analizar antes del 31 de enero, entre los principales operadores de MORENA, destacan Eduardo Ramírez, Coordinador en el senado, Claudia Sheinbaum, Rosa María Alcalde, Alicia Bárcenas, Jorge Alcocer, por citar solo algunos y con ello, diseñar el fin e inicio de lo que será posiblemente la consecución de su movimiento, al que denominan la transformación y con ello, impulsar y allanar el camino de su candidata, sin embargo, hay temas muy inquietantes y de gran relevancia como la seguridad, dado los altos niveles de inseguridad que hoy se vive en todas partes de México a consecuencia de la extorsión, el homicidio y desapariciones, organizaciones civiles aseguran que en México hay más de 140,000 personas desaparecidas; sin embargo, el gobierno federal asegura que son 12,000.
El pasado 14 de diciembre, la secretaria de Gobernación, Luisa María alcalde, explicó que hay poco más de 62,000 registros de desaparecidos de los que no se dispone de datos suficientes para identificaros o buscarlos.
Además del cabio estructural de la Guardia Nacional a la secretaria de la Defensa, pues evidente ha sido que la seguridad pública, seguirá siendo el talón de Aquiles, para cualquier gobierno que no quiere y se decide implementar acciones contra el crimen, de cualquier manera, será otro sexenio, que no inicio y termino su tarea de brindar seguridad, pese a las denuncias, investigaciones y ataques que se registraron durante el periodo presidencial de López Obrador.
La deficiente relación entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el poder Judicial, para integrar y completar el pleno de la Sala Superior y áreas relevantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el eventual proceso electoral más grande de la nación, además del proceso histórico posiblemente por ser la primera vez que una mujer gobierne nuestro país y la reforma de fondo y forma que se prevé para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto para la designación de Jueces y Magistrados que han de ser electos por el pueblo, con el fin de asegurar que no se revoquen leyes, decretos y políticas de dudosa constitucionalidad que son clave para el López Obrador.
La intención del gobierno de desaparecer organismos autónomos. como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), se crearon para proteger a particulares y afectar el interés público, que son indispensables para evitar excesos de gobiernos totalitarios, como pudieran ser el Banco de México, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Instituto Nacional Electoral, Instituto de Transparencia, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Comisión Nacional para la Evaluación de Políticas Publicas, etc. etc.
Los servicios de salud, principalmente los dedicados a atender a los mexicanos que no cuentan con seguridad social y los relacionados al cambio climático que se viven en todo el mundo como sequías o huracanes, ante los cuales México debe estar preparado con fondos idóneos y suficientes para atenuar cualquier inclemencia, como el COVID, que de verdad no, nos cayo como anillo al dedo.
Esperemos que esas reformas sean progresistas y no atenten contra las instituciones y políticas que muchos años han costado la transformación de la democracia por la vía legal y pacífica de México.
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