Opinión
Enrique Pérez Quintana
Se actualizó el lun, 15 de abril de 2024, 3:29 p. m. CST
El presidente Andrés Manuel López Obrador y el exministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en un a foto de archivo | Foto: Gerardo Vieyra/NurPhoto via Getty Images
El presidente Andrés Manuel López Obrador y el exministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en un a foto de archivo | Foto: Gerardo Vieyra/NurPhoto via Getty Images (NurPhoto via Getty Images)
La demanda de una justicia pronta y expedita siempre ha existido en México. Es pública la versión de que solo alcanzan la ’justicia’ quienes tienen recursos para comprarla. La fama pública de los ministerios públicos y jueces, generada por la expresión de las experiencias vividas por los que acuden a los tribunales no es, en muchos casos, favorable.
Los procedimientos para que sean revisadas las sentencias dictadas por los jueces suelen tardar años y ser costosas, difícilmente un juez rectifica a otro. Con la creación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) los abusos y omisiones dentro del Poder Judicial se empezaron a sancionar y los responsables asumen las consecuencias de sus hechos. Existen procedimientos que son observados puntualmente, para evitar equivocaciones e irregularidades originadas en conductas revanchistas.
En este contexto, llama la atención que habiendo recibido el pasado 9 de abril una denuncia anónima en la que se involucra al ministro en retiro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y 61 funcionarios y exfuncionarios del Poder Judicial, imputados por violencia sexual, enriquecimiento ilícito, cohecho, falta de profesionalismo, abuso de funciones y desvío de recursos, la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del CJF, ordenara investigar al exministro y sus excolaboradores.
Entre la recepción de la denuncia anónima y la publicación de la determinación de la ministra Norma Piña pasaron tres días. Al fundamentar su decisión dijo que los posibles actos de los acusados atentaban contra la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación, con el objetivo de satisfacer intereses personales y de terceros.
En medios se interpreta que la pronta reacción de la ministra Norma Piña tiene su origen en la mañanera de López Obrador del 21 de febrero, en la que criticó la autonomía del PJ y manifestó su cercanía con el ministro Arturo Zaldívar. En esa ocasión dijo: ’Todavía cuando Arturo Zaldívar era presidente de la Corte, había más recato. Todavía, cuando había un asunto así de ese tipo (como la liberación de Emilio Lozoya) nosotros respetuosamente interveníamos. Hablaba con los jueces para advertirlos de malas averiguaciones realizadas por el Ministerio Público’.
Actualmente, Arturo Zaldívar es colaborador en la campaña de Claudia Sheinbaum, trabaja en el proyecto de reforma del poder judicial, impulsado por López Obrador.
Arturo Zaldívar y la candida presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum | Carlos Santiago / Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images
Arturo Zaldívar y la candida presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum | Carlos Santiago / Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images (Future Publishing via Getty Images)
Al rechazar la investigación ordenada por la ministra Norma Piña, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, Arturo Zaldívar afirmó que se había admitido una denuncia anónima sin pruebas, que se estaba violando la normatividad y los precedentes. Enmascaró sus comentarios e inició la politización del tema cuando afirmó: ’hay desesperación frente al resultado electoral y la inminente reforma judicial. A mí me parece que esto tiene una intencionalidad política muy clara, de una especie de revancha contra la 4T, una cuestión de tratar de desprestigiar’.