Aquiles Córdova Morán
El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, vuelve a acusar al Movimiento Antorchista, por enésima vez, de ser una organización criminal, sin aportar ninguna prueba. Yo lo acuso de estar preparando un fraude monumental para robarse la elección que viene y aquí doy las pruebas en que apoyo mi aseveración. Hace pocos días, la Cámara de Diputados de Puebla recibió para su discusión, y aprobación en su caso, dos propuestas de reformas a las leyes vigentes. La primera es una iniciativa del gobernador Miguel Barbosa para modificar el artículo 232 del Código electoral del estado; la segunda es del diputado Gabriel Biestro Medinilla, coordinador de la bancada morenista, y consta de dos partes: la primera propone modificar la Constitución del estado y la segunda, nuevamente, el Código electoral. La iniciativa del gobernador propone:
1) Se prohíbe colocar propaganda electoral en los siguientes lugares: equipamiento urbano (postes, señales e infraestructura que tenga que ver con el servicio público). La prohibición incluye cualquier objeto colocado en las estructuras antedichas, tales como mamparas, bastidores o cualquier accesorio que se pueda colgar o fijar en ellas. Tampoco se podrá colocar propaganda en accidentes geográficos (superficies de tierra, partes de un cerro u otro accidente del terreno al lado de las carreteras); en señales de tránsito, postes, semáforos y otras estructuras de las carreteras o vías de ferrocarril. En los lugares antes señalados no se podrá colocar tampoco la llamada ’propaganda indirecta’, que es mostrar la imagen del candidato o partido político en portadas de revistas, libros, anuncios de entrevistas o diarios o cualquier otro elemento que contenga la imagen, nombre, símbolo, siglas o elementos que induzcan al elector a concluir que se trata de un candidato o de un político.
2) No se podrá fijar, pintar, colgar o adherir ningún elemento de propaganda electoral, directa o indirecta, en espectaculares, pantallas electrónicas, ni colgarse de algún elemento adherido a estos.
3) Se prohíbe colgar, fijar, pintar o adherir ningún elemento de propaganda de partidos o candidatos, incluyendo cualquier elemento que induzca a pensar que se trata de un candidato o partido político en: a) taxis, b) autobuses, c) microbuses, d) camionetas de pasajeros, e) todo vehículo del servicio público de transporte de pasajeros, f) servicio mercantil, g) servicios auxiliares, h) servicio ejecutivo. i) Así como en bases, terminales, sitios u oficinas de los servicios mencionados en los incisos anteriores.
En pocas palabras, Barbosa quiere, simple y llanamente, impedir la propaganda electoral, violando incluso la libertad de prensa, la de imprenta y el derecho legítimo de cualquier autor a promover su obra. Él dice que quiere frenar el abuso que, en este terreno, se ha venido cometiendo desde siempre, particularmente en el sexenio de Rafael Moreno Valle; que busca que todos los candidatos y partidos, incluido el suyo, Morena, compitan en igualdad de condiciones. Piso parejo para todos, dice. Pero el argumento es notoriamente falso. Primero, muchas de las prohibiciones que enumera ya están en la ley, y no veo la razón por la que quiere prohibir las que él añade ni por qué las considera un exceso. Segundo, existe ya una medida bastante más eficaz para remediar el abuso de que habla, y ese es el tope de gastos de campaña que contabiliza en pesos y centavos todo lo que el candidato y su partido hagan para promoverse. Y precisamente las prohibiciones añadidas por Barbosa se tasan a precio alzado para limitar su uso. ¿Qué necesidad hay de prohibirlas totalmente? Solo una: impedir a como dé lugar que el mensaje de la oposición llegue a los electores. Tercero, el uso y abuso de los programas de gobierno y del dinero público con fines electorales por parte de Morena, es una verdad del dominio público, por lo que el ’piso parejo’ de Barbosa es pura propaganda, un taparrabo para esconder su deseo de favorecer aún más a su partido. Aunque lo niegue.