Retomado de La Razón
Por Leonardo Ramírez
- 20/08/2022 02:24
A petición de la Fiscalía General de la República (FGR), el Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, libró 83 órdenes de aprehensión contra involucrados en los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, y fechas posteriores, relacionados con la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, incluido personal del Ejército.
Se trata de 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, así como a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; a 26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Cocula; más 11 policías estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
Los delitos por los que se libraron las órdenes de aprehensión son: delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.
La Fiscalía resaltó que las imputaciones, en cada caso, se darán a conocer en el proceso penal correspondiente, y el cumplimiento de las órdenes de aprehensión serán también informadas en el momento procesal que la ley autorice.
En su edición de ayer, La Razón dio a conocer que en la presentación del último informe del caso, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), dijo que entre los 43 desaparecidos había un soldado infiltrado entre los jóvenes y elementos del Ejército pudieron haber evitado su desaparición.
Julio César López Patolzin estaba bajo el mando directo del teniente de Infantería Marcos Macías Barbosa, del 27 Batallón, ’y desapareció, junto con los otros estudiantes, sin que sus mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad y su búsqueda, como lo establece el Protocolo para Militares Desaparecidos, que, de haberse aplicado, hubiera permitido no solamente proteger la integridad y buscar al soldado, sino a todos los estudiantes’.
La decisión de abandonar al soldado infiltrado es responsabilidad de un mando, que tendrá que rendir cuentas de su omisión, aseguró Encinas Rodríguez.