Columna la Opinión

Por Julio Tapia

Cuando López Obrador, advertía ’al diablo las instituciones’, jamás imaginamos el poder de sus palabras, pues si bien se manifestó en sentido figurativo, el tiempo termino por darle la razón, no hay preguntas, pero si respuestas y acciones que evidencian un régimen autoritario que parece transformarse en totalitario, todo tras la desaparición del poder judicial, que termino por transformar la república, para adherirse al poder ejecutivo con todas sus implicaciones de pseudo autonomía e independencia que ciertamente nunca la tuvo, pero que se disfrazaba en la Constitución, ante las evidentes llamadas telefónicas reconocidas por el anterior ejecutivo federal con el máximo representante del poder judicial, mucho se ha dicho de esta reforma dicen progresiva, pero que solo ha generado polémica e inconformidades, peor aún regresiva y violatoria de los derechos humanos, sin soslayar la ampliación las graves consecuencias al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y con ello, atentar contra el principio de presunción de inocencia, que si bien es cierto, es constitucional, también es inconvencional, así podemos decir que el estado mexicano es un fiel signante de tratados, convenios y pactos internacionales, también que también deja de reconocer, así la nueva ley de Seguridad Publica en concatenación con la reforma a la Ley de la Guardia Nacional, tras la militarización, tema del cual López Obrador se inconformaba cuando era adversario político del partido en el poder, pero que termino aceptando, así también la desaparición de organismos institucionales autónomos como el INAI, el IFT y la COFECE, el cambio al marco jurídico del Instituto Nacional Electoral que lo debilita y deja precedentes muy graves en la democratización del poder, pero que la denominada ley censura, pone en peligro el derecho a la libertad de expresión, evolución o autoritarismo y es que con la entrada de la denominada ley, es facultad del gobierno bloquear plataformas digitales sin orden judicial o para calificar los contenidos que irán al aire en radio, televisión y audio a través de la Agencia de Transformación Digital, de paso, con la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la regulación de concesiones, contenidos y medios de difusión en México, que dejará de recaer en un cuerpo autónomo y colegiado, y será una facultad plenipotenciaria otorgada a una agencia que depende directamente de la Presidencia de la República y está conformada por consejeros designados también directamente por la titular del Ejecutivo federal, esa agencia decidiría qué ideas, opiniones e información puede emitir un concesionario y recibir una audiencia determinada, lo que básicamente garantizaría al gobierno mexicano el control total de todos los medios de comunicación. Esta ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, aprobada y publicada el 23 de abril, en fast track, por la mayoría de legisladores del partido del poder y aliados, marcan su hegemonía en el poder de no tolerar ideas en contra de su gobernanza y amenaza a la libertad de expresión.

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