Columna la Opinión


’Reforma al poder Judicial vs Peso mexicano y su valor en el mercado financiero’

Columna la Opinión
Periodismo
Junio 12, 2024 13:48 hrs.
Periodismo ›
Luciano Tapia › Portal Mexiquense.com.mx

6,753 vistas

Julio Tapia
.
Reflexiono la reforma al Poder Judicial, tema relevante, para el actual gobierno y para el próximo, promesa de campaña, que sin lugar a dudas, causa polémica en varios sectores de la sociedad, tanto político, nacional e internacional, que puede impactar de manera grave en la economía del país y en el hemisferio, dada la globalización.



Dicha controversia surge de nuestra forma de gobierno, pues la Constitución, advierte que México, se rige bajo un sistema republicano, es decir bajo una división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, los dos primeros con mucha relación en cuanto a que provienen del poder que ejerce el pueblo a través del sufragio, aun mas, que estos, en el mayor de los casos llegan al poder a través de los partidos políticos, o bien mediante candidaturas independientes.

No obstante, en el proceso legislativo, también interviene el Ejecutivo, que además participa en el primer y último paso, como es la iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación y la iniciación de la vigencia, sin embargo, el ejecutivo, encuentra un poder más amplio al tener a la cámara de senadores y diputados a su favor, pues estos, en el mayor de los casos pertenecen a su propio partido, pero que ante una hipotética coalición, pueden ser mayoría absoluta (50 más un voto), o calificada (2/3 partes) para aprobar una ley, o reformar alguna, entre ellas la Constitución.

La consecuencia de una mayoría calificada puede ser reformar, cualquier ley, incluso nuestra Constitución sin el proceso legislativo, dada la mayoría calificada, que termine por modificar nuestro sistema jurídico político, es decir nuestra república y con ello, pasar a una monarquía, es decir en donde la organización del Estado son ejercidas por una persona a título de rey o reina, no obstante, que MORENA, gano las elecciones de manera legitima, para gobernar el país en un porcentaje del 75%, la manzana en la discordia, es el propio AMLO, al echar abajo, al inicio de su sexenio la obra del nuevo aeropuerto y su postura, ante los inversionistas, fue que no se realizaría, pues entre otras cosas, se trataba de una obra que se excedía en su presupuesto, ligados a temas de corrupción, entre otras cosas, lo que en ese momento genero incertidumbre, hecho que hipotéticamente podría repetirse, pues en cualquier momento MORENA y aliados puedan hacer lo mismo, en cualquier tema que termine por perjudicar sus intereses.

Esencialmente la incomodidad, radica en los mercados financieros que no ven con buenos ojos, esa reforma, pues hay mucha inversión extranjera en México, que terminaría por crear inestabilidad económica, consecuencia de ello, el valor del peso, en el mercado.

Por eso, deberá planearse con absoluta responsabilidad la reforma tan anhelada por la 4ta. Transformación, es decir, estamos en la disyuntiva de una ’Reforma al poder Judicial vs Peso mexicano y su valor en el mercado internacional’.

Sin embargo, se exige al personal del poder judicial, una elevada calidad moral y profesional, para cualquier cargo, incluso hay una escuela judicial, que si o si, sirve para profesionalizar a dicho personal y hacer una carrera judicial, pero el origen surge cuando diversos actores son elegidos por diversos actores como en el caso de los ministros, que son propuestos por el ejecutivo, previos trámites ante el legislativo, de tal manera que no hay una autonomía o independencia, total o absoluta, pues hay cierta injerencia de diversos poderes para influir en casos que resulten de interés al ejecutivo, el propio Andrés Manuel, durante las Mañaneras advirtió, de manera expresa, mantenía comunicación con el entonces Ministro Presidente del Poder Judicial, Arturo Zaldívar para tratar asuntos en los que el Estado mexicano, tenía interés, ¿porque?, ¿cuál interés?, Y eso es lo que preocupa, pues el estado puede ser juez y parte.

Ahora bien, que ironía que los funcionarios y servidores del poder judicial, puedan ser elegidos por el pueblo, mediante sufragio, pues pasaríamos por alto temas tan importante como su nivel profesional, títulos y calidades, así como de quienes llevarían a cabo esa selección.

Pero, habrá que votar, por el que lleve los dados cargados, sea de manera directa por el pueblo o suponiendo sin conceder por el poder legislativo, diputados y senadores, quienes, terminarían por someter al poder judicial, sin hablar que muchos de ellos, no son juristas, ni mucho menos tienen la experticia, quizás solo tengan el nivel básico concluido, para tratar de asuntos tan relevantes en la vida jurídica de México, pero que terminen por causar un efecto irreversible en la economía del país.

Efectivamente es necesaria una reforma de forma y fondo, pero quienes desean aprobar esas candidaturas a cargos de jueces, magistrados, ministros, son la misma clase política, pero no el pueblo, pues dicho poder tendrá injerencia directa en el poder judicial, por mucha independencia y autonomía que se diga, pues la principal garantía del poder judicial, radica en la división de poderes, esto es la definición de un ámbito propio de actuación de cada uno de ellos, que los otros no pueden invadir, aunque esto no excluye la cooperación y dependencia reciprocas de los poderes, así los poderes ejecutivo y legislativo, intervienen por ejemplos en la aprobación de las leyes orgánicas de los tribunales y códigos procesales y también en el nombramiento de los magistrados, de mayor jerarquía que no pueden inmiscuirse en la elaboración o revisión de sus fallos, aunque en la práctica ello, no suceda.

Y reitero que dicho personal del poder judicial, al ser electos por el ejecutivo, o el legislativo, pueden perder esa imparcialidad y objetividad, pues serian a estos a quienes se deban en su encargo.

En el caso de que estos sean elegidos por el pueblo, se corre el riesgo de que este tema se politice y se concentre en pequeños grupos de poder, no obstante, en décadas pasadas ante la hegemonía de un solo partido político, el poder judicial estaba sometido al ejecutivo, sin embargo, sexenio tras sexenio las relaciones entre estos entes jurídicos, no se ha distanciado, pero tampoco hay voluntad del ejecutivo, para armonizar sus criterios ante supuestos de hecho que prevé la constitución, tratados, convenios y pactos de los que México es parte, lo que hace difícil la relación, ejemplo de ello, es que el propio Andrés Manuel, antes de ser el titular del ejecutivo, planteaba la necesidad de que el ejército regresará a sus cuarteles, por ir en contra de nuestra Carta Magna, sin embargo, durante su administración, coligió, y estos andan en las calles, realizando tareas de seguridad pública, ante la ahora llamada Guardia Nacional compuesta por 24 mil 174 elementos de la Policía Federal; 59 mil 548 de SEDENA y 16 mil 513 de SEMAR. Pero el tema más vergonzoso y de ahí, la incertidumbre de que México, sea un verdadero Estado de derecho.

Es decir un país en donde haya certeza y legalidad jurídica, aconteció el 7 de noviembre de 2022, en aquella fecha la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictó sentencia mediante la cual declaró la responsabilidad internacional del Estado de México, por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, contenidos en los artículos 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones de respeto y de adoptar disposiciones de derecho interno contenidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento.

Esas violaciones a la Convención fueron cometidas en perjuicio de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, y se produjeron en el marco de su detención y privación a la libertad, del proceso penal del cual fueron objeto, de una medida de arraigo que les fue impuesta, y del período durante el cual estuvieron en prisión preventiva.

El Estado México reconoció parcialmente su responsabilidad internacional por la violación de los derechos que la Comisión Interamericana identificó como violados en su Informe de Fondo y firmó un Acta de Entendimiento con los representantes de las víctimas del caso. La Corte valoró dicho reconocimiento y destacó que éste significó una contribución positiva al desarrollo del proceso, aunque consideró que subsistían elementos en controversia relacionados, entre otros, con las figuras del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa establecidas en la normatividad interna mexicana.

Pero México, al signar tratados, pactos, convenios, se allana a dichos ordenamientos, a las Cortes y Organismos protectores internacionales de derechos humanos, pero en tratándose del tema en comento México, seguía violentando en derecho de presunción de inocencia, es decir primero detenía para investigar, hoy debe investigar para detener, bajo ese supuesto el propio ex Secretario de Gobernación, Adán Augusto, rechazaba la sentencia de la Corte Interamericana sobre prisión preventiva, cuestiono ’Es un despropósito de la Corte Interamericana el ponerse por encima de la constitución’, declaró el titular de la Segob.

Estas manifestaciones son lamentables, proviniendo de un ex funcionario de estado, pues las leyes constitucionales y los tratados internacionales tienen la misma jerarquía normativa y de acuerdo con el multicitado artículo 133, se encuentran en un nivel superior a las leyes federales y locales que se ubican en uno inferior sin que entre ellas, una prive sobre la otra.

Para el caso la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, no obstante los gobiernos federal y estatal, están inconformes, incluso varios gobernadores plantean su inconformidad por escrito, para que la Suprema Corte declinara su postura, pero el punto de quiebre, es que no es un tema del poder judicial, sino de respeto a los derechos humanos, hacer lo contrario implica violentar la ley, algo en lo que usted y yo como ciudadanos estamos expuestos, por eso, se cree, que vayamos hacia una monarquía absoluta o absolutismo, en esta forma de gobierno no existe la división de poderes, es viable una reforma pero sin que esta pierda su autonomía e independencia, para que el peso no pierda su valor y México se transforme.

Soy Julio Tapia, y me puedes seguir en Despacho Jurídico Tapia y Asociados, consúltame sin costo alguno, teléfono 5564513080.

Ver nota completa...

Escríbe al autor

Escribe un comentario directo al autor

Columna la Opinión

Éste sitio web usa cookies con fines publicitarios, si permanece aquí acepta su uso. Puede leer más sobre el uso de cookies en nuestra política de uso de cookies.