Por Julio Tapia

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, deberá poner orden en las concesiones que explotan el servicio de corralones que operan en el Estado de México, que no deja de ser un problema grave, porque evidentemente genera dividendos a todas las autoridades involucradas con el tema, vicio que no interesa, ni parece importar a pesar de las irregularidades con que operan estas, principalmente por los cobros excesivos, robo de autopartes, instalaciones irregulares, todo ello debido a la falta de regulación con que operan los corralones instalados en toda la entidad, que de igual manera se vuelven botín político para los nuevos gobiernos, debido a las riquezas que estos generan, lo viable es omitir la problemática, ya que de ser víctima de un robo y con la suerte de que su vehículo sea encontrado por las autoridades deberá enfrentar el pago excesivo por la custodia de su vehículo, sin omitir la gratificación obligatoria que deberá cubrir al ministerio público, para que este a su vez, le devuelva el mismo, justificándose con el visto bueno de su superior jerárquico, caso contrario deberá esperar dos o tres meses en que servidores públicos de la fiscalía del Estado, lo puedan atender, y es que el problema empieza con los policías de tránsito, ministerios públicos que reciben una gratificación por los vehículos que son puestos a disposición de estos corralones, sean con motivo de una infracción o accidente de tránsito, en donde inmediatamente los jueces cívicos, agentes de tránsito, agilizan el trámite, para que estos se destinen a un corralón, empresas que no proporcionan su lista de tarifas al público, peor aún tampoco las autoridades obligan a los concesionarios entregar dichos vehículos sin cobro alguno, no obstante de que estos hayan sido víctimas de algún delito, sin omitir que los vehículos de gama alta y de carga son los más apreciados para esta mafia del poder, porque si efectivamente están coludidos con las autoridades que permiten estos atropellos, en estos lugares se evidencia el robo de autopartes como baterías, computadoras, sensores, e incluso combustible, muchos de estos concesionarios operan sin permisos o concesiones, lo que dificulta la regulación y control de sus operaciones, sin que estos generando, difundan sus tarifas públicas aunado a la falta de exhibición de las mismas, lo que provoca la discrecionalidad en los cobros, el Impacto en los ciudadanos es preocupante porque afectan tanto a transportistas como a ciudadanos comunes que utilizan sus vehículos para transporte diario, lo idóneo será que los municipios o el propio gobierno estatal cuente con este servicio.

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