Por Julio Tapia
El gobierno del Estado de México, va en contra de servidores y funcionarios públicos corruptos, prueba de ello, fue la destitución del Subsecretario de Finanzas del Estado, Reyes Ruiz González, quien presuntamente obligaba a los municipios mexiquenses a ceder parte de los recursos financieros que reciben del gobierno estatal para la realización de acciones, obras y programas, exigencias que iban del 15 al 30 por ciento, a través de la asesoría del despacho financiero ’Altor’, ligado al ex secretario de Hacienda Luis Videgaray, durante el sexenio de Peña Nieto, quien también fuera su Secretario de Finanzas.El Subsecretario de Finanzas del Estado, Ruiz González, se aprovechaba del cargo, para condicionar recursos a alcaldías y municipios, así como observar auditorías locales y federales, hechos que pueden ser constitutivos de delito de extorsión, por pedir cuantiosas cantidades de dinero a cambio de liberar fondos públicos a municipios.Mediante estas actividades habrían obligado a alcaldes a refinanciar sus deudas públicas, utilizando despachos fiscales y consultorías financieras asociadas a Luis Videgaray.La medida adoptada por la secretaria de Finanzas, Paulina Moreno García, es no permitir actos de corrupción en el gobierno de la primera mujer gobernadora de control y auditorias administrativas a todas las Secretarias del gobierno mexiquense, y verificar que las asignaciones sean ejercidas para los fines y objetivos, esperemos que el nuevo encargado del despacho de la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, Rafael Rojas Borja, desempeñe su cargo con transparencia y que se investigue esta red de corrupción, que probablemente ha operado desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, Eruviel Ávila y Alfredo del Mazo, así mismo, el gobierno del Estado, deberá exhortar a todos los ciudadanos de la entidad, sería el segundo cambio el de Seguridad Pública y oficial mayor, para que en este año de Hidalgo en los municipios denuncien operativos y abusos de poder, por parte de los alcaldes, que no tienen otro significado, más que robar al pueblo a cambio de permisos, licencias y descuentos, aprovechando que todavía les resta tres meses de poder, por ello, es pertinente amarrarles las manos, aunque sea con ligas.