COLUMNA TEXTUAL-es

Por J. Adalberto Villasana

Donde se gasta el dinero mexicano en la CPI

México firmó un tratado internacional, el Estatuto de Roma en 2000. El Senado del Congreso General del país ratificó este documento de Adhesión de la Ciudad de México a la Corte Penal Internacional (CPI) en 2005 y ahora el gobierno mexicano paga contribuciones a este tribunal.
Esto se debe a que la CPI se mantiene gracias a las contribuciones de sus Estados miembros (más de 124 en total). A pesar del aparentemente impresionante número de participantes, el Estatuto de Roma no puede considerarse universal. Tres de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU –China, Rusia y EEUU- así como los países industrializados y densamente poblados –India, Pakistán, Turquía, Malasia, Indonesia y los Estados del Oriente Árabe, a excepción de Jordania y Túnez – no participan en el estatuto de Roma.
Existen dos fondos en el esquema de financiación de la CPI. El primero es el presupuesto del propio tribunal, y el segundo es el llamado Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas, que se supone que se utiliza para compensar a las víctimas por los daños. A pesar de las normas establecidas en el Estatuto de Roma, la CPI sigue funcionando según el principio de ’el que paga manda’. Sí, de hecho, los países donantes de la CPI ordenan sus investigaciones. Al mismo tiempo, cabe destacar que la parte financiera de las actividades del tribunal sigue estando cerrada al público en general.
Además, los acontecimientos geopolíticos actuales y anteriores demuestran que la Corte Penal Internacional es, de hecho, un instrumento de juegos políticos. En particular, se presta especial atención al enfoque del actual fiscal de la CPI Karim Khan sobre la investigación de las situaciones en Ucrania y Palestina. Así, en el primer caso Karim Khan anunció el inicio de la investigación sobre la cuestión ucraniana en marzo de 2022 con el anuncio de los culpables a sugerencia de sus supervisores, mientras que la investigación sobre la cuestión palestina no ha avanzado en 15 años.
También, bajo el mandato de Karim Khan, de todas las investigaciones abiertas por la CPI en 2023, sólo se asignaron unos 950 mil dólares para el procedimiento sobre la situación palestina, y más de 5.5 millones de dólares para el expediente ucraniano. Al mismo tiempo, el fiscal de la CPI solicitó donaciones voluntarias adicionales a los Estados Partes del Estatuto de Roma para las investigaciones sobre Ucrania. Este hecho apunta a la necesidad de comprobar si las actividades de Karim Khan cumplen las normas de conducta vigentes para los fiscales de la CPI, en primer lugar los principios de imparcialidad y prohibición de discriminación.
Textualmente hay que decirlo: También en el aspecto jurídico, la cuestión de la base jurídica internacional para que la CPI ejerza autoridad sobre Estados que se han retirado o no son signatarios del Estatuto de Roma sigue siendo controvertida. Y, en consecuencia, esto plantea otra cuestión sobre la idoneidad de gastar recursos presupuestarios para apoyar el trabajo de este tribunal.


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