México es reconocido a nivel mundial por sus hermosos sitios turísticos y por la fraternidad y solidaridad de sus habitantes; pero, también por su pobreza, por la corrupción y por la falta de oportunidades de desarrollo. Enmarcado en este contexto, llegó a nuestro país el contagioso Covid-19, el cual evidencia la desigualdad social en la que vivimos.
A pesar de que la educación, el acceso a la alimentación y la salud son derechos constitucionales, la realidad es que en México viven 91 millones de personas en pobreza, incluidos los 46 millones que padecen pobreza extrema. Son familias enteras que sufren de hacinamiento, que no cuentan con recursos suficientes para adquirir los productos de la canasta básica y mucho menos para cuidar de su salud en consultorios médicos, por lo que recurren a remedios caseros aun con los riesgos que ello implica. Es un panorama incierto y lacerante que se agudiza con el transcurrir de los días en cuarentena; una cuarentena que evidencia la desigualdad social que vivimos en México y que atenta contra la vida de las personas más vulnerables, quienes pueden morir por contagio de coronavirus por el hacinamiento en que viven o por hambre.
Es fácil pedirle a la gente que se quede en casa; sin embargo, es difícil acatar esta recomendación cuando más de 31 millones de mexicanos dependen de un empleo informal; por lo que se ven obligados a salir todos los días de su hogar para ganar ’unos pesos’ que les permitan llevar el pan a su mesa.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, en el Estado de México, el 56.9 por ciento de la población labora en la informalidad, por lo tanto, carece de prestaciones y de un salario digno, lo cual merma la condición de los mexiquenses que no tienen un buen empleo,