Crisis Humanitaria: Chiapas vive Éxodo masivo por Cárteles; el fenómeno sigue en ’aumento’


Crisis Humanitaria: Chiapas vive Éxodo masivo por Cárteles; el fenómeno sigue en ’aumento’
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Junio 17, 2024 14:51 hrs.
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Luciano Tapia › Portal Mexiquense.com.mx

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A más de una semana las evidencias de la violencia en casas que fueron quemadas y los casquillos percutidos sobre las calles, evidencias que agentes de las fuerzas federales y estatales intentaron borrar tras el caos que generó un grupo criminal generador de violencia en la región.

Por Editor_Pxp -16 junio, 2024
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A una semana de que se registrara un éxodo de 4,000 indígenas choles del municipio de Tila, que fueron víctimas de desplazamiento forzado, el sitio enclavado en el norte de Chiapas, luce desolado.

Sin embargo, permanecen las evidencias de la violencia en casas que fueron quemadas y los casquillos percutidos sobre las calles, evidencias de que agentes de las fuerzas federales y estatales intentaron borrar tras el caos que generó un grupo criminal generador de violencia en la región.
Aquel día, más de 4.000 indígenas choles fueron desplazados por la violencia que azota a la localidad de Tila debido a los enfrentamientos entre dos grupos armados, uno denominado ‘Los Autónomos’ y otro reconocido como ‘Karma’.
Ante la incertidumbre de que esta problemática de desplazamiento no sea atendida por los gobiernos federal y estatal, algunos habitantes decidieron ingresar a Tila para alimentar a sus gallinas, perros y gatos, pero tienen temor de perder parte de su patrimonio.
«Hasta hoy está tranquilo y lo que pedimos es que haya paz, yo decidí quedarme porque no puedo estar en otro lugar, otra casa, tengo que cuidar mis animales, y no me meto en problemas», expresó Francisco, de 78 años, poblador de Tila y quien se reservó su apellido como medida de seguridad.

Después de los ataques en el municipio solo quedaron un puñado de habitantes, en su mayoría personas de la tercera edad quienes además de ser de bajos recursos, sufren diversos padecimientos y enfermedades que les impidieron dejar su hogar por la violencia y ahora se les ve caminar por las deterioradas calles, entre los comercios de artículos religiosos y casas cerradas, en busca de comida y servicio médico.

«La verdad iban por mí, me iban a matar como modo de presión para que mi hijo se entregara, me quemaron la casa y un coche», expresó una mujer mayor que dijo llamarse Catalina, «pero no quiero dejar mi casa, ni mis recuerdos».

El Gobierno busca el retorno

Desde el pasado lunes, tres días después de que miles de lugareños dejaran sus viviendas, el Gobierno Federal intentó convencer a los desplazados de retornar a sus hogares, para ello el Ejército Mexicano instaló en el edificio de una escuela, el Colegio de Bachilleres de Tila, un centro de atención y entrega de ayuda humanitaria a los desplazados.

Otro intento fue de la Secretaría del Bienestar que buscaba convencer a los desplazados de su retorno a través de los 14 programas sociales, los cuales serán ofrecidos a la población en un módulo que instaló en el poblado de Tila, pero los afectados rechazaron la propuesta.
Sin embargo, las víctimas insisten en que «no hay condiciones para su retorno», por lo que continúan realizando las denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, dependencia que no se da abasto para integrar la demanda colectiva, indicaron las víctimas de desplazados forzados.
El éxodo masivo se da en un contexto de lucha agraria entre agricultores legales y autónomos, que por años buscaron la acreditación de la propiedad en la que viven y las tierras que son para cultivo ante el Gobierno federal, pero acusaron que este fue omiso ante la problemática.

Pobladores señalan que los grupos armados Karma y Autónomos están en disputa de las tierras, pero este año el Ejército mexicano llegó para calmar las cosas, pero ambos grupos corrieron a los militares y se desató la problemática y la violencia.

De acuerdo con los registros históricos, este es el segundo episodio más violento que vive el municipio de Tila, el primero ocurrió en noviembre del año 2023, cuando también la cabecera municipal permaneció sitiada por casi 15 días y dejó como saldo ocho jóvenes fallecidos.
El éxodo de miles de familias indígenas se dio el pasado viernes luego de que los pobladores vivieron casi cinco días atrincherados en la zozobra y el terror generado por grupos delincuenciales.

Radiografía de un éxodo forzoso

El episodio en Tila supone el sexto caso en México de este estilo en 2024, según el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Internos (IDMC, por sus siglas en inglés). Esta plataforma estima en un total de 8.659 las personas desplazadas como consecuencia de los conflictos en lo que va de año, y hasta 392.000 en el acumulado de 2008 a 2023.

De acuerdo con analistas consultados por DW, Ramón Coria, integrante del Colectivo Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno y organizaciones civiles acompañantes, han reportado en casi 10.000 los desplazados por la violencia iniciada el jueves (6.6.2024) pasado en Tila.
El desplazamiento interno en México no tiene un único origen, sino que se trata de un fenómeno «multicausal y multidimensional», indicó Pablo Cabada, Asociado de Protección a Personas Desplazadas Internas de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Los expertos indicaron que entre las causas, hay conflictos comunitarios -políticos, religiosos, agrarios-, la violencia generada por grupos armados, los desastres provocados por fenómenos naturales, proyectos de desarrollo a gran escala – como la minería o la deforestación-, o las violaciones de derechos humanos. No obstante, todos esos episodios tienen la violencia como denominador común.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la mayor plataforma en este ámbito, destaca en su informe de 2021, que el 74 por ciento de los episodios registrados se originaron por la violencia de grupos armados organizados. El IDMC, por su parte, contabilizó en 2021 hasta 29.000 desplazamientos por violencia y conflictos, y 19.000 por desastres naturales.

«Este fenómeno es particularmente prevalente en regiones donde la presencia y actividad de grupos criminales es intensa y donde el control territorial por parte de estas organizaciones resulta en altos niveles de violencia e inseguridad», indica a DW María del Pilar Fuerte, investigadora del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial (CentroGeo), con sede en Aguascalientes, México.

Chiapas, junto a Guerrero, Michoacán, Chihuahua y Zacatecas son las regiones con más personas desplazadas, según el último registro de CMDPDH.

La falta de herramientas de medición del fenómeno complica localizar el destino final de estas personas, aunque suelen moverse hacia ciudades cercanas, indica a DW Kelly Muñoz, investigadora en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, México. Otro estudio, publicado por la OIM en 2023, también encontró indicios de desplazados internos en la frontera norte con Estados Unidos, concretamente procedentes de Michoacán, Guerrero y Chiapas.

El crimen organizado, en el punto de mira

El desplazamiento forzoso de estas comunidades obedece a factores interrelacionados por la violencia, que a su vez obedecen a la presencia, principalmente, del crimen organizado en su búsqueda de controlar territorios, o bien, por motivos más profundos, como la disputa de recursos o el libre flujo de migrantes, indica a DW Carla Zamora, doctora en Ciencia Social por el Colegio de México.

Así mismo, David Saucedo, experto en seguridad y analista político mexicano, expone que lo ocurrido en Tila es producto de la «narcoguerra» entre el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación. Saucedo dice que este, en consonancia con mafias locales como, en este caso, «Los Autónomos», presionan y chantajean a las comunidades locales para que se retiren de la zona.
«Su acción es la violencia como un dispositivo de terror para despojar poblaciones, sobre todo en zonas rurales», sostiene, por su parte, Kelly Muñoz.

«Estas disputas pueden convertir comunidades enteras en campos de batalla, donde los habitantes quedan atrapados en medio del conflicto», señala Fuerte. «La presencia militarizada de estos grupos en ciertas áreas impone un control sobre las comunidades, alterando radicalmente la vida cotidiana de los residentes y obligándolos a buscar refugio en otros lugares», agrega.

Fuerte, que también es doctora en Geografía por al UNAM, señala que estos grupos criminales también buscan reclutar a jóvenes para integrarlos a sus filas, lo que provoca que familias enteras abandonen sus hogares.

«Se ha empezado a enraizar una cultura de la narcoviolencia, convertida en aspiración de numerosos jóvenes, muchos de ellos reclutados de manera forzosa», sostiene Carla Zamora.

A diferencia de los refugiados, que cruzan fronteras internacionales, los desplazados internos obedecen a la jurisdicción del gobierno nacional, indica María Pilar Fuertes, del CentroGeo. A nivel federal, la Cámara de Diputados de México aprobó en 2020 la «Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno», una norma con la que se buscaba garantizar las condiciones de vida para personas que experimentan desplazamiento forzado. La norma, no obstante, está detenida en el Senado desde entonces. A nivel estatal, los estados de Chiapas, Guerrero, Sinaloa y Zacatecas cuentan con leyes específicas, con las que se trata de avanzar en políticas públicas sobre desplazamiento interno.

Pese a ese reconocimiento, «en México las personas afectadas no tienen acceso a tratamientos como víctimas dentro del marco jurídico actual», dice Fuertes, quien aboga por una «estrategia integral» que aborde tanto las causas del desplazamiento como las necesidades más inmediatas.
Kelly Muñoz, por su parte, recalca la necesidad de activación de protocolos que alerten sobre los factores de riesgo de estos desplazamientos en los municipios más críticos, así como «un diagnóstico del entorno de forma participativa con las comunidades».
Las alternativas pasan por una desarticulación de los grupos armados, insite Carla Zamora, pero también en poner el foco en la convivencia de diferentes proyectos de vida. «Es urgente trabajar sobre la reconstitución del tejido social desde la raíz comunitaria, puesto que el impacto psicológico que tendrán estos fenómenos en la población probablemente conlleve varias generaciones», sostiene.
Pobladores se niegan a volver

A más de una semana las evidencias de la violencia en casas que fueron quemadas y los casquillos percutidos sobre las calles, evidencias que agentes de las fuerzas federales y estatales intentaron borrar tras el caos que generó un grupo criminal generador de violencia en la región.

Aquel día, más de 4,000 indígenas choles fueron desplazados por la violencia que azota a la localidad de Tila debido a los enfrentamientos entre dos grupos armados uno denominado ’Los Autónomos’ y otro reconocido como ’Karma’.
Ante la incertidumbre de que esta problemática de desplazamiento no sea atendida por los gobiernos federal y estatal, algunos habitantes decidieron ingresar a Tila para alimentar a sus gallinas, perros y gatos, pero tienen temor de perder parte de su patrimonio.
’Hasta hoy está tranquilo y lo que pedimos es que haya paz; yo decidí quedarme porque no puedo estar en otro lugar, otra casa, tengo que cuidar mis animales, y no me meto en problemas’, expresó a EFE Francisco, de 78 años, poblador de Tila y quien se reservó su apellido como medida de seguridad.

Después de los ataques en el municipio solo quedaron un puñado de habitantes, en su mayoría personas de la tercera edad quienes además de ser de bajos recursos, sufren diversos padecimientos y enfermedades que les impidieron dejar su hogar por la violencia y ahora se les ve caminar por las deterioradas calles, entre los comercios de artículos religiosos y casas cerradas, en busca de comida y servicio médico.
’La verdad iban por mí, me iban a matar como modo de presión para que mi hijo se entregara, me quemaron la casa y un coche’, expresó a EFE una mujer mayor que dijo llamarse Catalina, ’pero no quiero dejar mi casa, ni mis recuerdos’.

Desde el pasado lunes, tres días después del éxodo, el gobierno mexicano intentó convencer a los desplazados de retornar a sus hogares, para ello el Ejército mexicano instaló en el edificio de una escuela, el Colegio de Bachilleres de Tila, un centro de atención y entrega de ayuda humanitaria a los desplazados.

Otro intento fue de la Secretaría del Bienestar que buscaba convencer a los desplazados de su retorno a través de los 14 programas sociales, los cuales se ofrecen a la población en un módulo que instaló en el poblado de Tila, pero los afectados rechazan la propuesta.
Sin embargo, las víctimas insisten en que ’no hay condiciones para su retorno’, por lo que continúan realizando las denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, dependencia que no se da abasto para integrar la demanda colectiva, indicaron las víctimas de desplazados forzados.
Él éxodo masivo se da en un contexto de lucha agraria entre agricultores legales y autónomos, que por años buscaron la acreditación de la propiedad en la que viven y las tierras que son para cultivo ante el gobierno federal, pero acusaron que éste fue omiso ante el problema.

En tanto, la secretaría de Protección Civil de Chiapas dispone de un censo de 2 mil 200 desplazados, el sábado la Fiscalía General informó en un comunicado que la cifra asciende a 4 mil 187.

Otras fuentes requeridas indicaron que la cantidad de desplazados internos podría situarse en más de 5 mil personas.
Lo que ocurre, comentaron, lugareños se dispersaron a comunidades de Tila, a sitios o municipios circunvecinos, como Tumbalá, Salto de Agua, así como San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó en un comunicado que en Tila permanecen más de 500 agentes policíacos estatales y municipales.

En el despliegue se involucran efectivos del Ejército Mexicano y elementos de la Guardia Nacional con el objetivo de resguardar la seguridad y la paz con operativos preventivos y disuasivos.

Funcionarios de la Secretaría del Bienestar anticiparon que a partir de este jueves pondrán en la cabecera local un módulo de información permanente sobre programas sociales.

Entre ellos, el de jóvenes construyendo el futuro, personas con discapacidad, adultos mayores. Se realizará un censo por vivienda para recabar la información familiar.

El origen del conflicto

El 16 de diciembre de 2015, Los Autónomos tomaron la alcaldía de Tila, declarando que ellos eran la única autoridad en el municipio y que este debía regirse por usos y costumbres. Este evento marcó el inicio de una intensificación en el conflicto. Los Autónomos reclamaron como propias 130 hectáreas ubicadas en la cabecera municipal, tierras que no son laborables y que se encuentran en el casco urbano, donde residen cientos de personas.

Durante la pandemia de COVID-19, Los Autónomos cerraron la cabecera municipal con tres puertas gigantes, permitiendo el acceso sólo de 6 de la mañana a las 18:00 horas. Esta medida impidió que varios enfermos de coronavirus fueran trasladados a hospitales en Yajalón, resultando en muertes que, según los desplazados, podrían haberse evitado. El cierre también afectó el suministro de medicinas y alimentos, exacerbando las dificultades para la población.
El 11 de septiembre de 2020, tras más de medio año de estar sitiados, los habitantes de Tila derribaron una de las puertas impuestas por Los Autónomos. Este acto de resistencia resultó en un violento enfrentamiento que dejó varios muertos y heridos. En respuesta, el grupo intensificó su control, comenzando a cobrar derechos de piso a comerciantes y forzando a los jóvenes a unirse a sus filas.

Las exigencias financieras eran descomunales: 500 mil pesos mensuales a los dueños de tiendas de abarrotes, un millón de pesos a empresas refresqueras, y entre 20 mil a 70 mil pesos a negocios medianos. Aquellos que no pagaban eran víctimas de saqueos, robos y destrucción de sus propiedades.

La aparente paz y la renovación del conflicto

Entre octubre de 2023 y mayo de 2024, Tila experimentó una aparente calma con la presencia de la Guardia Nacional, el Ejército y la Policía. Sin embargo, Los Autónomos expulsaron a las fuerzas de seguridad de manera repentina, prometiendo seguridad a la población, una promesa que rápidamente se demostró falsa. Entre el 3 y el 7 de junio de 2024, Los Autónomos lanzaron una nueva ola de hostigamiento, saqueando casas y negocios, y reclutando forzosamente a jóvenes y niños.

Durante estos días de violencia, cinco personas fueron asesinadas, tres resultaron heridas, 17 casas fueron quemadas y 21 vehículos destruidos. Según los desplazados, al menos dos adolescentes fueron agredidas sexualmente por los agresores.

Futuro incierto

Por ahora, las familias desplazadas continuarán en Yajalón, esperando que las autoridades establezcan las condiciones necesarias para un retorno digno y seguro. La situación en Tila sigue siendo tensa y la presencia de Los Autónomos plantea una amenaza constante. Los desplazados han dejado claro que no regresarán hasta que se desarme y detenga a los líderes paramilitares, y se restablezca el Estado de derecho en su municipio.

El desafío para las autoridades es monumental. Deberán abordar no sólo la desarticulación de un grupo paramilitar profundamente arraigado, sino también la reparación del tejido social roto y la restitución de los derechos de los desplazados. La comunidad internacional, las organizaciones de derechos humanos y los ciudadanos de México observan con atención, esperando que se haga justicia y se restaure la paz en Tila.
Entre las demandas de los desplazados se encuentran la realización de cateos y la emisión de órdenes de aprehensión contra los líderes de los Autónomos, quienes, aseguran, están escondidos en la comunidad de Sañojá.

Asimismo, exigen la aplicación del Estado de derecho y que los asesinatos cometidos por estos grupos no queden impunes, pidiendo justicia por los crímenes sufridos.

En una asamblea realizada en el vecino municipio de Yajalón, donde están refugiadas cientos de personas, una mujer desplazada cuestionó: «¿Cómo vamos a regresar?, o ¿se quieren regresar ustedes?», a lo que la mayoría de los presentes respondió con un rotundo «No».}

El lunes, autoridades federales, estatales y municipales de Tila acordaron que este martes iniciaría el regreso de más de 4 mil desplazados. Para ello, la Secretaría de Protección Civil estatal había dispuesto transporte, y se había convenido que fuerzas de seguridad federales y estatales acompañarían el retorno y permanecerían en Tila el tiempo que fuera necesario para garantizar la seguridad de la población.
Sin embargo, otra mujer desplazada que tomó la palabra afirmó que no reconocen los acuerdos tomados de manera «unilateral» en una mesa de diálogo y reiteró la exigencia de castigo para los responsables de la violencia.

En conclusión, los desplazados de Tila en Yajalón se rehúsan a regresar debido a la falta de condiciones de seguridad y continúan demandando justicia y la implementación del Estado de derecho para garantizar su bienestar y seguridad./Agencias-PUNTOporPUNTO

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