CIUDAD DE MEXICO, a 3 de septiembre. -La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) organizó una mesa de trabajo, celebrada el pasado 26 de agosto, con la finalidad de que las personas víctimas del caso San Fernando, representantes de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, autoridades federales y del estado de Tamaulipas se coordinen para llevar a cabo diversas acciones para garantizar el acceso a la justicia y la reparación del daño, en el caso de la masacre de 72 personas migrantes, ocurrida en el 22 de agosto de 2010, en el municipio de San Fernando de esa entidad.
El objeto de la mesa de trabajo fue avanzar en el cumplimiento a la Recomendación 80/2013 emitida por esta Comisión Nacional, y en la misma participaron personas víctimas, personas funcionarias de la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos y de la Secretaría Ejecutiva de la CNDH, así como representantes de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, de la Fiscalía General de la República, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, del gobierno del estado de Tamaulipas y de la Fiscalía General de esa entidad.
Dentro de los acuerdos tomados, se planteó retomar las gestiones de alto nivel con los gobiernos de Guatemala y Brasil a efecto de que permitan la colaboración para la correcta identificación de los cuerpos sin vida que fueron entregados en dichos países.
En el encuentro, en el que también participó Guillermo Fernández Maldonado, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y miembros de la sociedad civil, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho solicitó a la Secretaría de Gobernación llevar a cabo una reunión entre el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y los familiares de las víctimas; así como elaborar, en conjunto con la Fiscalía General de la República, una propuesta para continuar con las investigaciones del caso, mismas que se harán del conocimiento de la ONU para que dicho organismo les dé seguimiento.
Por su parte, a más tardar el 12 de septiembre de 2022, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas dará a conocer a las personas afectadas por este caso, la propuesta y cronograma para proporcionarles medidas de atención y reparación integral del daño; y a su vez, la Secretaría de Gobernación gestionará que en dicho proceso se incorpore a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de agilizar los temas de carácter administrativo.
El gobierno del estado de Tamaulipas se comprometió a organizar una reunión el próximo 29 de septiembre para instalar una mesa de prevención, misma que deberá ser conciliada entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, instancias gubernamentales o de procuración de justicia, y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
Por otro lado, las fiscalías General de la República y del Estado de Tamaulipas también organizarán reuniones de trabajo para abordar el avance de las investigaciones e identificación de los cadáveres de las víctimas.
Por último, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho mantendrán comunicación permanente para dar seguimiento al cumplimiento de los puntos recomendatorios dirigidos a la Fiscalía General de la República y al Gobierno del Estado de Tamaulipas.
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