Rogelio Muñiz Toledo
6 de marzo 2021 9:37 amEl populismo penal y la pretensión de utilizar el derecho penal como instrumento de control social son dos de las expresiones más preocupantes de los desplantes autoritarios de los gobiernos de la 4T y de las mayorías parlamentarias de Morena.
Inmediatamente después de su llegada al poder los gobiernos de la 4T -el federal y algunos locales- han impulsado reformas constitucionales y/o legales que han significado graves retrocesos en materia de derechos humanos.
Las modificaciones a la Constitución y a leyes federales en materia de extinción de dominio, Guardia Nacional y prisión preventiva oficiosa -de las que me he ocupado in extenso en este espacio- y las reformas al Código Penal de Tabasco -el estado del presidente López Obrador, gobernado desde el 1 de enero de 2019 por Morena-, conocidas como la ’Ley Garrote’ porque buscaban penalizar la libre manifestación de la ideas y criminalizar la protesta social, son la expresión más acabada de la pretensión de Morena de gobernar con la ley penal en la mano, no para proteger derechos -que es para lo que debe servir el derecho penal- sino para ejercer el poder sin acudir al diálogo social, sin respetar los derechos humanos y con tentaciones autoritarias.
Apoyados en las obsequiosas mayorías parlamentarias de Morena que les aprueban en forma irreflexiva sus iniciativas, los gobiernos de la 4T se han apresurado a realizar regresivas reformas en materia penal con las que han afectado ámbitos del derecho que no están disponibles para las mayorías, porque la posibilidad de incidir en ellos implica graves riesgos de regresividad en materia de derechos humanos y de afectación a los fundamentos de la democracia constitucional.
Afortunadamente para la preservación del Estado de derecho en Tabasco, las comisiones nacional y estatal de derechos humanos impugnaron oportunamente la ’Ley Garrote’ ante la Suprema Corte y el pasado martes el Tribunal Constitucional invalidó la parte sustancial de la regresiva reforma penal aprobada en 2019 por la mayoría parlamentaria de Morena en el Congreso del estado.
La intervención de los organismos protectores de derechos humanos y de la Suprema Corte le han cerrado el paso a la pretensión de Morena de gobernar Tabasco sin acudir al diálogo social y con un modelo autoritario de derecho penal que podría propiciar la arbitrariedad y la violación de los derechos humanos por parte de la policía y de los operadores jurídicos del estado.
Los artículos que contenían los tipos penales de los delitos con los que se pretendía criminalizar la protesta social y el ejercicio de la libertad de expresión en Tabasco fueron invalidados por la Suprema Corte porque no cumplían con los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad ni con el principio de mínima intervención que deben observar quienes diseñan una política criminal y/o aprueban las normas penales y porque con esos delitos se vulneraba el ejercicio de los derechos a la libertad de reunión y de expresión.
Además de pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de las reformas penales aprobadas por Morena en Tabasco, en concepto del ministro presidente, Arturo Zaldívar, la resolución de la Suprema Corte del martes pasado representa la oportunidad para que el Tribunal Constitucional reconozca por primera vez, de manera expresa, el derecho a la protesta social como un derecho implícito en los de asociación, reunión, libertad de expresión, participación política y huelga, entre otros, así como las garantías para su ejercicio mediante la libre expresión de las ideas, el disenso, la oposición, la crítica, la denuncia o la reivindicación de otros derechos, a través de estrategias que pueden incluir las concentraciones o marchas en espacios públicos e incluso los ’cortes de ruta’, siempre y cuando se realicen de manera pacífica.
Gran avance en materia del reconocimiento de derechos, de su protección y de las garantías para su ejercicio que se desarrollará en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la próxima semana.
La tentación de los gobiernos de Morena de gobernar con el garrote de la ley penal exhibe su desprecio por la cultura de la legalidad y por la vigencia de los derechos humanos y pone de manifiesto su falta de compromiso con la progresividad de los derechos y con la democracia constitucional. Tal proceder debe alertarnos sobre los inconvenientes de que mayorías autoritarias -sin contrapesos parlamentarios- tomen el control de los poderes legislativos en el país, so pena de correr riesgos como el que señala el doctor Sergio García Ramírez: ’Si se gobierna con el Código Penal en la mano, la libertad se ausenta. Hoy, la de los otros. Mañana, la de nosotros’.
* Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Fue Procurador General de la República, consejero del INE y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos