Funcionarios de Texcoco señalados por retener ilegalmente a trabajadores de la CFE

Una intervención irregular por parte de funcionarios del Ayuntamiento de Texcoco ha desatado controversia tras la presunta retención ilegal de trabajadores y personal jurídico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes se encontraban realizando labores debidamente autorizadas en el poblado de Tocuila.

Según testigos y las propias víctimas, al menos cuatro servidores públicos, incluidos Israel Elio Castillo Rodríguez y Erick Hugo Ruiz Elizalde —adscritos al área jurídica de Seguridad Pública— junto con Adolfo Venegas Torres y Benjamín Venegas Hernández, confrontaron e intimidaron a los empleados de la CFE en horario laboral. Su actuación, lejos de canalizarse por vías institucionales, derivó en la retención forzada del personal, sin orden judicial ni argumento legal fundado.

📍 ¿Intervención legítima o abuso de poder?

Los hechos ocurrieron mientras los técnicos cumplían una orden de servicio emitida por un particular, situación avalada por el jurídico de la propia CFE, Mario Mata, quien acudió al lugar para mediar ante la creciente hostilidad. No obstante, los funcionarios municipales —lejos de cesar su actitud— continuaron con señalamientos infundados sobre una supuesta intervención en un predio ajeno, que fue desmentida por la paraestatal.

Ausencia institucional y riesgo para servidores públicos

Llama la atención la inacción de otras instancias del gobierno local, cuya omisión permitió que la confrontación escalara durante varias horas, sin garantizar la integridad ni la libertad de quienes cumplían con un trabajo autorizado. Los afectados fueron liberados solo tras intensas tensiones y bajo advertencia de no regresar, lo cual representa un amago directo contra la prestación de servicios públicos en condiciones de legalidad.

⚖️ Posibles consecuencias legales

Los trabajadores anunciaron que presentarán denuncias penales ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) por los delitos de privación ilegal de la libertad y amenazas, señalando la responsabilidad directa de los funcionarios involucrados y solicitando garantías para continuar ejerciendo su labor sin represalias ni obstaculización por parte del gobierno municipal.

🔍 ¿Ajustes de cuentas políticos, desconocimiento normativo o intento de control territorial? Las interrogantes que abre este incidente no deben desestimarse. En un país donde el respeto a la legalidad institucional es clave para la gobernabilidad, acciones como la denunciada en Texcoco exigen una revisión rigurosa, sanciones claras si procede, y un compromiso serio con la protección de los servicios públicos y de quienes los prestan.