#INDEP un timo…nada ha devuelto al pueblo, solo se autodonó inmuebles


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Enero 14, 2023 21:07 hrs.
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Por Editor_Pxp -14 enero, 2023

Todavía con la antigua denominación de Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), el organismo no reportó en la Plataforma Nacional de Transparencia, entre 2015 y agosto de 2019, la cesión de bienes inmuebles, ni de particulares, ni de organismos de gobierno, ni de su propiedad.

Por Editor_Pxp -14 enero, 2023
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El Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep) se autodonó siete inmuebles (una bodega y seis terrenos), con un valor total de 91 millones 803 mil 113.82 pesos.

El organismo, que encabeza Ernesto Prieto Ortega, recibió estas donaciones de sus Coordinaciones Regionales Metropolitana Centro-Sur, Baja California Pacífico-Noreste y Norte-Noreste, quienes le cedieron una bodega en la Ciudad de México; dos terrenos en Tijuana, Baja California, y cuatro terrenos en Ciudad Juárez, Chihuahua.
De acuerdo con información del propio Indep del primer semestre de 2022, que publica en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) en el apartado ’inventario de altas practicadas a bienes inmuebles’ e ’inventario de bienes muebles e inmuebles donados’, esta es la primera vez que se da un registro de ese tipo de donaciones desde 2015.
Todavía con la antigua denominación de Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), el organismo no reportó en la Plataforma Nacional de Transparencia, entre 2015 y agosto de 2019, la cesión de bienes inmuebles, ni de particulares, ni de organismos de gobierno, ni de su propiedad.

A partir del 9 de agosto de 2019 —cuando se publica el decreto para la creación del Indep— y hasta junio de 2022, el organismo tampoco registró donaciones de ese tipo.

La propiedad más costosa donada al Indep —organismo público descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)—, que corrió a cargo de la Coordinación Regional Metropolitana Centro-Sur, está valuada en 54 millones 460 mil 84 pesos con 57 centavos y tiene como domicilio Avenida Ceylán 470, colonia Cosmopolita, Alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

En el artículo 84, fracciones quinta y décima, de la Ley General de Bienes Nacionales, se establece que las donaciones de inmuebles federales se tienen que realizar ’a favor de organismos descentralizados de carácter federal cuyo objeto sea educativo o de salud’.

Además, que las donaciones de propiedades se establezcan ’a favor de los gobiernos de los estados, de la Ciudad de México y de los municipios, o de sus respectivas entidades paraestatales, a fin de que utilicen los inmuebles en servicios públicos locales, fines educativos o de asistencia social; para obtener fondos a efecto de aplicarlos en el financiamiento, amortización o construcción de obras públicas, o para promover acciones de interés general o de beneficio colectivo’.
En los siete casos de estas propiedades, el organismo señala en las fichas técnicas que aparecen en la Plataforma Nacional de Transparencia que el alta de los inmuebles está en proceso, una vez que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) concluya ese trámite formarán parte del inventario oficial del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.
El Reglamento del Indaabin establece, en su artículo 11, que corresponde a la Dirección General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal de ese organismo ’autorizar los contratos de donación de inmuebles que realicen los gobiernos de los estados, de la Ciudad de México, de los municipios o sus respectivas entidades paraestatales, a favor de entidades para la realización de las actividades propias de su objeto’.

Los dos terrenos que se autodonó el Indep en Tijuana, Baja California, están localizados en los lotes 2 y 11 de las manzanas 4 y 1 del Parque Industrial Internacional. Los montos de esas propiedades son de ocho millones 434 mil 25.6 pesos y de cuatro millones 899 mil 3.65 pesos, respectivamente.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, se localizan los otros cuatro terrenos que se autodonó ese organismo, con el domicilio en Calle del Durazno, esquina con Calle Tito Guizar, números subfracción ’A’, ’B’, ’E’ y ’F’, colonia Predio Zacate Blanco.

El valor de estos inmuebles donados por la Coordinación Regional Norte-Noreste del Indep a la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales de ese organismo son de cinco millones 800 mil pesos, cuatro millones 380 mil pesos, ocho millones 500 mil pesos y cinco millones 330 mil pesos, respectivamente.
Antes de estas operaciones, el Indep contaba con 19 propiedades valuadas en mil 235 millones 891 mil 829 pesos.
El inmueble más costoso es el edificio de su sede central, con domicilio en Insurgentes Sur 1931, colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, con un valor de 393 millones 437 mil 557, el cual también registra una ’donación’ como origen de su posesión.
El segundo inmueble más caro de ese organismo es el de las oficinas ubicadas en Avenida México-Coyoacán, colonia General Pedro María Anaya, números 314, 316, 318 y 320, Alcaldía Benito Juárez, también en la Ciudad de México, con un valor de 166 millones 805 mil 178.3 pesos.

Le sigue la sede del Centro Regional Noreste del Indep, valuada en 156 millones 84 mil 500.7 pesos, con domicilio en el kilómetro 45 de la carretera Monterrey-Colombia, municipio de Escobedo, en Nuevo León.

Indep no logra devolver al pueblo lo robado

Una investigación de MILENIO revela que este 2022 el Indep no ha logrado devolverle a los mexicanos lo que prometió.

Y es que de 22 mil 687 cosas que ha intentado vender, sólo ha logrado subastar 3 mil 962: no se ha logrado colocar 82 por ciento de lo que ha puesto a disposición. Entre lo ofertado destacan autos viejos y mercancías diversas como pacas de vino, juguetes y cargadores, entre otros.

Según las propias estadísticas e informes del Indep, este 2022 se pusieron a subasta 22 mil 687 artículos entre los que había desde departamentos, terrenos rurales, autos que no se pueden matricular, vehículos que sí se pueden usar, lotes de todo tipo de mercancías electrónicas, de muebles y más.
Lejos quedaron las épocas en que el SAE, su antecesor, ponía a la venta armas de oro, mansiones, obras de arte y joyas. En una revisión se encontró que del total fueron vendidos 3 mil 962 artículos, dados de baja 74 y desiertas 18 mil 620. La estadística que reportan es durante el primer semestre de este 2022.

Sobre los artículos vendidos se encontró que en total el gobierno pidió por ellos a primer saque 531 millones 63 mil 883, sin embargo terminó subastandolos en 421 millones 483 mil 822, es decir, dejaron de ganar 109 millones 580 mil 61 pesos.

Los estados donde más se obtuvieron estos artículos, bienes e inmuebles fueron Nuevo León, Baja California, el Estado de México y Chihuahua. Y las entidades que en su mayoría transfirieron al Indep estos bienes fueron la Fiscalía General de la República y el Sistema de Administración Tributaria.
Las ofertas de la paraestatal comenzaron en los 200 pesos y las cifras más altas fueron de 112 millones 887 mil pesos y 115 millones 281 que hicieron casi el total de la cifra de venta por dos aeronaves marca ​Gulfstream, que han salvado el año del instituto.
También se ofertaron vehículos de entre los 40 mil y los 77 mil pesos, como uno marca Mazda 2014.
Entre las ventas se encuentran bolsas de dama, mascadas, carteras, cordones para bisutería, tarjeteros, cepillos para perro, pantalones para caballero, perfumes y más.

Impresoras, bocinas marca Sony, grapas, fundas de tablet, tijeras de uso médico, pantallas de Samsung, protectores de celular, cámaras fotográficas, anillos, y sobre todo muchos autos para partes, ya que no se pueden matricular.

Los precios de la mercancía diversa y que excluye a los vehículos, fue de los 200 pesos a los 48 mil pesos.

En 2019, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que con la creación del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado se iban a recuperar los recursos y bienes decomisados sobre todo al crimen organizado, a los corruptos y los delincuentes de cuello blanco para regresarle al pueblo.
​​El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) desapareció para dar pie al Indep, que sería u​n instituto para devolver al pueblo ’lo mal habido, lo robado’, según sus propias palabras.
López Obrador aseguró que se obtendrían en promedio al año unos mil 200 millones de pesos, calculado con lo que supuestamente obtendrían en 2019. Información obtenida a través de solicitudes de acceso a la información por MILENIO revela que ese año se recaudaron 964 millones 907 mil 692 pesos aproximadamente.
Además que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado también ha estado involucrado en escándalos de corrupción y es que fue el mismo Jaime Cardenas, ex director del Indep, quien denunció que al interior de la dependencia había corrupción, irregularidades administrativas, procedimientos de valuación que no correspondían, entre otros.

En su carta de renuncia habló de mutilación de joyas, contratos favorables a las empresas y no al Indep, y, conductas de servidores públicos contrarias a las normas.

En la auditoría que realizará la ASF al organismo descentralizado, apuntan que Cárdenas también realizó denuncias penales ante la FGR por la manipulación de distintas piezas de joyería.
La auditoría confirmó que se registraron y radicaron 66 denuncias, algunas de ellas se relacionan con hechos referidos en la carta de renuncia y hasta el 12 de noviembre de 2021, continuaban en etapa de investigación.
En el ámbito penal, se constató que el Indep presentó una denuncia ante la FGR, porque encontró cambios en las condiciones físicas de algunos bienes joyas en su custodia, la cual fue ratificada. Al 15 de septiembre de 2021, la carpeta de investigación se encontraba en integración, en la fase de investigación inicial.

La ASF comprobó también que el Indep ​​no contó con la capacidad de pago para liquidar sus deudas con distintos proveedores, por ejemplo los que resguardan los artículos que se encuentran en su custodia.

Hallan faltante de 43 mdp en contratos del Indep

En un presunto caso de corrupción, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) contrató servicios médicos privados en procesos de licitación con irregularidades y mediante adjudicaciones directas, y hasta la fecha no se sabe dónde quedaron 43 millones de pesos.

El Indep tiene observados 43 millones 329 mil pesos por pagos realizados a servicios médicos privados y que no han sido aclarados ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la cuenta pública correspondiente al 2020.
A pesar de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ningún organismo del Gobierno federal debería contar con seguros privados, el Indep, a través de un fideicomiso, uno de los pocos que se salvó durante el recorte que llevó a cabo la Federación en el 2020, contrató a las empresas Distribuidora Médica Daport, Proyosmi de la Salud, Atlantis Operadora Servicios de Salud, Servicios de Salud Familiar y Challenge Consulting, a quienes entregó seis contratos por 300 millones 311 mil pesos.
Mediante licitaciones públicas, el Indep contrató los servicios médicos para personal en la Ciudad de México; Guadalajara, Mazatlán, Nayarit, Querétaro y Torreón.

El 9 de diciembre del 2019 se emitió la convocatoria para la Licitación Pública Electrónica Nacional número LA-006HIU002-E17-2019, para la contratación del servicio Integral de Atención Médico-Quirúrgica, Apoyo Diagnóstico y Hospitalario para los Fideicomisarios y sus Derechohabientes del Fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema Banrural (Fopesiban).

El 14 de enero del 2020 se formalizaron los seis contratos referidos para la prestación de los servicios médicos integrales. Sin embargo, se licitó sin tener dinero para hacerlo. A pesar de que la licitación se lanzó en diciembre del 2019, hasta el 4 de febrero del 2020 el Consejo Técnico tuvo conocimiento de estos contratos, cuando la apoderada del Fopesiban pidió una ampliación presupuestaria para cubrirlos.

Además, modificó la forma en que se contrataban estos servicios y ahora lo hizo a través de empresas integradoras; es decir, que reúnen a otras compañías en una sola firma, pero esto resultó más caro y presentó deficiencias en la prestación de los servicios.
Durante el 2020, el Fopesiban cambió en tres ocasiones de apoderado legal, figura responsable de cumplir con los fines del fideicomiso y entregar los informes correspondientes al Comité Técnico del Indep y de Nacional Financiera (Nafin).
De acuerdo con la auditoría practicada, el ’Consejo Técnico (CT) no autorizó ni puntualizó los términos y condiciones de contratación de los servicios de atención médico-quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, ni resolvió las quejas presentadas por los derechohabientes’.

Además, ’el Fopesiban pagó servicios por 219 mil 453.4 pesos, sin documentación justificativa, así como partidas no licitadas por 132 mil 121.1 pesos, cuyos precios carecieron de control y autorización’, dice la auditoría.

Otro aspecto relevante es que ni el Indep, ni Nacional Financiera, coinciden en el presupuesto que tiene el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado para pagar los servicios médicos; mientras el Indep reportó que cuenta con ocho mil 348 millones 682 mil pesos, Nacional Financiera dijo que esa cifra en realidad es de cinco mil 636 millones 713 mil pesos.
El Fopesiban fue creado el 30 de junio del 2003, con el fin de garantizar el cumplimiento de obligaciones del entonces Sistema Banrural con extrabajadores, en materia de pago de pensiones y jubilaciones, proporcionar atención médico-quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria a los derechohabientes, y el pago que les corresponda a sus beneficiarios.
En el fideicomiso participan el Sistema Banrural, como fideicomitente; los pensionados y jubilados, como fideicomisarios, y Nacional Financiera, en calidad de fiduciaria, institución que cuenta con la atribución de efectuar los actos de administración y disposición del patrimonio fideicomitido.

El lunes, Mariana Gómez del Campo, secretaria de Asuntos Internacionales del PAN, interpuso ante la FGR una denuncia penal por presunto uso ilícito de atribuciones y facultades contra quienes puedan resultar responsables ’por irregularidades’ en los procesos de licitación pública y adjudicaciones directas a empresas ’que no cumplen con los requisitos’./Agencias-PUNTOporPUNTO

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