Ciudad de México, a 19 de marzo.- Al dar a conocer el primer informe sobre su primera visita a México para la investigación y asesoría sobre el caso Ayotzinapa, los integrantes del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), demandaron que el caso se debe juzgar como desaparición forzada para que se acredite como delito de lesa humanidad.
En conferencia de prensa ante los representantes de los medios informativos, en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Ángela Buitrago, Carlos Beristain y Francisco Cox, tres de los miembros del GIEI, afirmaron que los trabajos realizados en su primera visita a México del 1 al 19 de marzo, se centraron en cuatro líneas.
Proceso de búsqueda, investigación, atención a las víctimas y políticas públicas frente a la desaparición forzada, así como las peticiones y recomendaciones hechas al Estado para el cumplimiento de su mandato.
Explicaron que entre las primeras peticiones del Grupo destacan la solicitud de una copia digital del expediente que se encuentra en la PGR, tratar el caso como desaparición forzada, establecer un dispositivo de atención médica para los familiares en la zona y contar una segunda evaluación neurológica urgente para el normalista Aldo Gutiérrez, quien se encuentra en estado de coma.
Resguardar toda la información relevante y continuar con las búsquedas.
El GIEI reconoce la buena disposición, acogida, facilidades y protección que ha tenido para desarrollar su trabajo por parte de las autoridades de México.
Resaltaron la confianza brindada por las víctimas, quienes se encuentran en una muy difícil situación a casi seis meses de los hechos.
Afirmaron que el mandato del GIEI incluye la evaluación de “todas las acciones para la localización del paradero de los normalistas desaparecidos” y la verificación de si se han implementado “todos los dispositivos urgentes y protocolos desarrollados por las instituciones federales”.
En ese sentido, el Grupo ha recibido información sobre las acciones de búsqueda realizadas tanto por las autoridades estatales como federales y exhorta a que las acciones de búsqueda continúen.
Establece el informe que para tal propósito es importante que todas las autoridades que tengan información sobre los grupos que se mencionan como los involucrados en la desaparición, sus inmuebles, propiedades o rutas, la proporcionen con el objeto de establecer hipótesis de búsqueda que no sólo se basen en información brindada por los familiares.
Revela también que el GIEI analizó algunas de las fotos satelitales incorporadas al expediente y presentadas públicamente tanto por la PGR como por parte del Equipo de Antropología Forense de Argentina (EAAF), relativas al basurero de Cocula.
El Grupo de Expertos, considera muy importante aprovechar la tecnología satelital para obtener mayores evidencias, a través del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) el cual tiene vínculo con los satélites de otros países. Por ello, ha solicitado a las autoridades de la PGR que se realicen las gestiones para la obtención de dichas fotografías.
El Grupo constató que la investigación de los normalistas ha llevado a descubrir decenas de cuerpos de personas en fosas clandestinas, por lo que considera importante, para una mejor comprensión del contexto de las desapariciones, contar con un mapa de fosas actualizado y casos relacionados con ellas, de forma que dicha información contribuya a encontrar indicios que puedan ayudar a realizar nuevas búsquedas de los 43 normalistas. Esta información ha sido solicitada a las autoridades de la PGR.
Aseguraron que luego de consultar a varios expertos, el GIEI recomienda que en las búsquedas de otros posibles lugares de fosas se considere el uso de tecnología láser (LIDAR, entre otros posibles), que en parte ya había sido propuesta, para identificar perturbaciones en el terreno de los alrededores de Pueblo Viejo, La Parota y otros lugares. La dimensión de la desaparición de personas en la zona conlleva la necesidad de realizar un trabajo amplio de búsqueda, como ya se ha planteado, en el que se coordinen y participen autoridades estatales, federales, expertos independientes y familiares.
El GIEI, sostiene en un documento que ha identificado elementos y diligencias muy importantes de la investigación que deben resguardarse o desarrollarse y al efecto ha solicitado tales acciones.
El GIEI considera necesario que se concentre la evidencia recogida en la PGR y que se fortalezca el registro del movimiento de la evidencia, dado que existen varios expedientes vinculados al caso.
El documento que es parte del informe presentado, señala que en el contexto de las citas que hemos pedido y realizado con diferentes instituciones del Estado para estudiar la información disponible, hemos solicitado a través de la Cancillería una entrevista con el personal militar del Batallón 27 de Iguala, respetando la independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales, con basea los estándares internacionales y en la doctrina del control de constitucionalidad respaldada por la Suprema Corte de Justicia.
Exhortamos a los jueces a que la investigación de los hechos de Ayotzinapa sea realizada bajo la modalidad de desaparición forzada.
El mandato del GIEI incluye la evaluación de las políticas públicas relativas a desapariciones forzadas, más allá del caso Ayotzinapa, a fin de contribuir a desarrollar mecanismos de búsqueda efectiva, prevención, investigación y sanción, así como atención a víctimas y familiares.
El documento del primer informe entregado a los representantes de los medios de información, dice “Saludamos las iniciativas actuales en el Senado mexicano y otras instituciones para establecer una legislación sobre desaparición forzada, y esperamos que sean aprobadas con atención a la urgencia de este problema en México y conforme a los estándares internacionales en la materia, además de que el grupo de expertos regresara a México el próximo 6 de abril para continuar con el mandato que les fue encomendado.