TOLUCA, MÉX.-Las autoridades mexicanas deben garantizar el respeto absoluto a los derechos humanos y asumir principios, criterios y recomendaciones internacionales frente a la pandemia por el COVID-19: Jorge Olvera.
· Los investigadores de México, Colombia y Brasil se dirigen a los tres ámbitos de gobierno y recomiendan al Congreso de la Unión generar normas reglamentarias del artículo 29 constitucional para dar certidumbre jurídica a la población.
· Señalan que toda decisión emanada del poder público en la emergencia sanitaria debe asegurar la vigencia del Estado constitucional y la continuidad de la vida institucional y democrática.
Toluca, Estado de México, 27 de abril de 2020.- En el entorno generado por la fase 3 de la pandemia por coronavirus COVID-19, la Red Internacional de Estudios Constitucionales (RIEC), a través del Cuerpo Académico de Estudios Jurídicos, llama a las autoridades federales, estatales y municipales del país a asumir los principios, criterios y recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Asimismo, en pronunciamiento emitido en el marco del Seminario Nacional ’Estado constitucional y emergencia sanitaria’, las y los juristas puntualizan que se deberá garantizar el derecho a la información veraz y oportuna, incluyendo difusión específica dirigida a los pueblos originarios; y que toda decisión emanada del poder público ante la presente emergencia, debe asegurar la vigencia del Estado constitucional y la continuidad de la vida institucional y democrática.
Así lo informó el doctor en Derecho Jorge Olvera García, integrante de la citada organización académica internacional, del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), tras su participación en la sesión sobre ’Derechos fundamentales y sus garantías en el contexto de la pandemia por COVID-19’.
El documento de 14 puntos, signado por los integrantes de la RIEC, señala que el Congreso de la Unión debe dar paso a la emisión de las normas reglamentarias del artículo 29 de la Constitución mexicana para dar certidumbre jurídica a la población y exhorta a las autoridades a diseñar protocolos integrales con medidas sanitarias específicas que prevengan y controlen la propagación del virus y refuercen el sistema económico mexicano para mantener su estabilidad.
El ombudsperson mexiquense detalló que los firmantes del pronunciamiento son integrantes del Sistema Nacional de Investigadores y también destacados académicos de universidades de México, Colombia y Brasil, quienes consideran que se debe garantizar de manera irrestricta e invariable el disfrute de las prerrogativas de todas las personas y que ninguno de los derechos humanos es más valioso que otro.
Establecen que, si bien hasta ahora la toma de decisiones encaminadas a frenar y erradicar el COVID-19, se ha realizado con mesura y objetividad, es preciso asegurar que el ejercicio del poder público, en el actual entorno de emergencia sanitaria, continúe de esa manera con base en un estricto respeto y salvaguarda de los derechos humanos de todas las personas, especialmente la vida, la salud, la integridad y la dignidad de las personas más vulnerables, como es el caso de niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores, portadoras de VIH, migrantes, en situación de calle y quienes desempeñan trabajos precarios.
Asimismo, describe Olvera García, nos hemos pronunciado para que las instituciones gubernamentales aseguren condiciones óptimas y doten de las herramientas necesarias a las y los trabajadores del sector salud para que puedan desempeñar su importante labor en un marco de certeza y protección a sus derechos esenciales.
También se debe evitar el trato diferenciado en detrimento de personas que han sido infectadas por el virus, garantizar la no discriminación en la atención médica y que las decisiones al respecto no solo deriven del Consejo de Salubridad General, ya que corresponde a los tres ámbitos de gobierno aplicar las medidas para salvaguardar los derechos humanos, sin distinción alguna.
Los integrantes del Cuerpo Académico de Estudios Jurídicos puntualizan en su pronunciamiento que el Ejecutivo Federal deberá diseñar una estrategia integral de medidas sanitarias concretas, encaminadas a la prevención y control de la propagación del virus que permitan, en el momento adecuado y seguro, levantar el confinamiento de forma gradual y coordinada, en el que se consideren protocolos de atención para personas vulnerables.