SAN SALVADOR ATENCO, MÉX.-Las mujeres violentadas el 11 de mayo de 206 por elementos de la policía estatal, serán escuchadas por La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con sede en San José, Costa Rica, serán escuchadas los días 16 y 17 de este mes, cinco de las once denunciaron tortura sexual a manos de fuerzas de seguridad en los hechos de San Salvador Atenco.
Señalaron que, tras los operativos policiales, al menos 31 de las detenidas denunciaron agresiones sexuales tanto al momento de la detención como en su traslado al penal y a su llegada a éste.
Indicaron que tuvieron que lidiar por años con procesos penales arbitrarios por ultrajes a la autoridad, portación de arma, ataques a las vías de comunicación y secuestro equiparado, las graves violaciones a derechos humanos cometidas en su contra se mantuvieron impunes.
Durante la audiencia, la Corte IDH recibirá los testimonios orales de Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Angélica Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, quienes estarán acompañadas por el resto de las mujeres. Ésta será la primera vez que comparecerán juntas ante un Tribunal las 11 mujeres peticionarias del caso desde mayo del 2006, cuando fueron ilegal y arbitrariamente detenidas durante la manifestación e iniciaron su lucha por que se conozca la verdad de lo ocurrido y se haga justicia.
Producto de la falta de una respuesta adecuada para reparar las violaciones de sus derechos, particularmente la falta de investigación y sanción de todos los responsables por los graves hechos, las mujeres iniciaron su proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en noviembre de 2011 declaró admisible el caso.
En octubre de 2015 la CIDH aprobó el Informe de Fondo 74/15, en el que resolvió a favor de las peticionarias declarando que habían sido víctimas de detención ilegal y arbitraria, tortura física, psicológica y sexual, falta de acceso a la justicia y otras violaciones a derechos humanos. La Comisión recomendó al Estado mexicano investigar de manera efectiva, con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable, identificar y sancionar los distintos grados de responsabilidad e implementar medidas estructurales encaminadas a prevenir la repetición de hechos similares.
En respuesta al incumplimiento integral y sustantivo de las recomendaciones por parte del Estado mexicano, el órgano decidió enviar el caso ante el máximo tribunal interamericano nueve meses después.
Durante la próxima audiencia pública ante la Corte, las mujeres y sus representantes —el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez— aportarán testimonios y argumentos para demostrar las diversas violaciones a los derechos humanos que ellas sufrieron.
Asimismo, una experta independiente y representantes del Estado mexicano presentarán, respectivamente, análisis y antecedentes que serán analizados luego por la Corte Interamericana para determinar la responsabilidad internacional del Estado mexicano.