Julio César Tapia
La gobernadora Delfina Gómez, da muestra de esperanza para los mexiquenses, al asignar como Secretario de Seguridad Publica a Andrés Andrade Téllez, abogado y especialista en el sistema de justicia penal y consultor en seguridad pública, y ello resulta de vital importancia, porque día a día en territorio la delincuencia se apodera mas de las calles, colonias y municipios, en el que incluso la delincuencia organizada se ha asentado y que al final de la administración de Alfredo del Mazo, se agudizaron con la conformación de las autodefensas ante la poca o nula capacidad para atacar el problema de las extorsiones y que están presentes en toda entidad, donde empresarios, comerciantes, transportistas y diversos sectores de la sociedad, padecen esta problemática que limita en mucho el desarrollo económico de sus habitantes.
No hay municipio en México que no sea víctima de la delincuencia, peor aún de la organizada que administra, explota y se enriquece de sus recursos naturales, con capacidad de vincularse con la política y la administración pública en sus tres niveles de gobierno, para gozar de impunidad.
Ante ello, la implementación de nuevas políticas y personas al frente de esta Secretaria deberán dar la cara al pueblo para escuchar y realizar acciones a sus propuestas de manera inmediata y con la secrecía de que su denuncia será en anonimato, pues no menos cierto es que la ciudadanía tiene el temor fundado en muchos casos que la autoridad esta coludida con la delincuencia, por ello el temor a denunciar y hacer frente a los grupos delictivos y delincuentes regionales que impactan en el bienestar de la sociedad.
Por ello, es que este nuevo gobierno debe aprovechar la excelente relación con el gobierno federal para colaborar de la mano y minimizar este gran problema que aqueja a nuestro país, con inteligencia, tecnología, pero principalmente con recursos humanos dispuestos a sumarse a nuevas políticas, planes y programas para hacer frente a la delincuencia.
Pues el personal que trabaje en las instituciones encargadas de la prevención al delito, procuración y administración de justicia debe estar a la altura moral de entender y atender dichas problemáticas, pues de nada sirve que se implementen acciones si la sociedad no participa, si la policía es abusiva, si el ministerio público no investiga, si los jueces no resuelven con pruebas más allá de toda duda razonable, porque entonces también se vulneran derechos humanos, sin omitir, que el organismo de proteger sus derechos también debe investigar y realice sus funciones sin necesidad de ratificar una queja, porque ahí donde hay pasividad el servidor y funcionario público no existen al no cumplir su encomienda.
Es un gran momento para que las autoridades en los tres niveles de gobierno colaboren con la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, SEDENA y MARINA, para ser implacables ante estos retos y desafíos.
Por ello se deben diseñar, ejecutar y reevaluar políticas públicas de seguridad con enfoque de participación ciudadana, en donde conjuntamente pueblo gobierno respete y haga respetar la ley, de esa manera minimizar conductas que laceran la convivencia y armonía social.
Es un reto para el nuevo Gobierno implementar una estrategia integral de seguridad que haga frente a los altos niveles de incidencia delictiva en la entidad, esa es la percepción generalizada de inseguridad de sus habitantes y la desconfianza en las instituciones de seguridad.
Pues hoy en día el Estado de México ocupa en todo el país los primeros lugares en robos en sus diversas modalidades, extorsiones, delitos contra la libertad personal y delitos sexuales. Y la segunda con mayor violencia letal, violencia familiar y de género.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización sobre Seguridad Pública (Envipe) 2022, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2021 el 47.5% de los hogares del Estado de México fueron víctimas de algún delito.
Mientras en 2021, el Estado de México tuvo una tasa de 38 mil 253 víctimas del delito por cada 100 mil habitantes, a nivel nacional la tasa fue de 24 mil 207, es decir, la entidad rebasó en 58% la tasa nacional, el delito más frecuente sufrido por las víctimas encuestadas fue el robo o asalto en calle o transporte público.
Sin duda alguna es un tema complejo que debe ser analizado de manera conjunta con otras Secretarias, instituciones para hacer al cambio que se requiere y hacer de esta entidad una de las más importantes, en donde las tasas de desempleo se minimicen, pero sobre todo se acaben los privilegios de unos cuantos, ante la incertidumbre de un pueblo que exige justicia, como por ejemplo el caso de los prestadores del servicio de grúa que cobran multas muy altas por concepto de corralón, lo anterior derivado de las consecuencias que implica ser víctima de un delito y que el propietario de un vehículo robado opte por perder el patrimonio familiar e incluso ante el infortunio de tener un accidente y realizar pagos excesivos de los que el estado no se favorece, en hora buena al nuevo Secretario.
Lic. Julio Cesar Tapia García.
Analista y experto en materia de seguridad pública, prevención al delito, sistemas penitenciarios y derechos humanos.
5564513080