Por Julio Tapia
La noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, tuvo lugar uno de los más emblemáticos episodios de violación a los derechos humanos en la historia de nuestro país.
Los hechos sucedieron cuando un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de entre 17 y 25 años, acudió a la ciudad de Iguala, Guerrero, ubicada en ese mismo estado, con la finalidad de ’tomar’ autobuses que requerían para participar en la conmemoración del 2 de octubre, que cada año mantiene viva en México la memoria de esa represión contra estudiantes acaecida en 1968.
Aunque el uso temporal de autobuses por los estudiantes para realizar sus actividades había sido habitual en Guerrero y contaba incluso con el aval tácito de empresas y autoridades, el 26 de septiembre la respuesta de las autoridades no fue la ordinaria: Policías Municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes para impedir que salieran de la ciudad con los autobuses. De esta manera, auxiliados por otras corporaciones y por civiles, los policías lograron cerrar el paso a cinco autobuses tres que transitaban por una calle céntrica y dos que lo hacían por una calle periférica. En esos dos escenarios fueron detenidos 43 estudiantes que habrían de ser desaparecidos. Más tarde esa misma noche, continuaron las agresiones contra los estudiantes y la población, ya no sólo por parte de agentes estatales sino también por civiles que, como después se demostró, eran parte de la estructura de una organización criminal, denominada Guerreros Unidos.
El resultado 43 jóvenes estudiantes que siguen desaparecidos; 6 personas ejecutadas, entre ellas 3 normalistas, incluyendo el caso de un joven cuyo cuerpo apareció al día siguiente en un paraje inhabitado con muestras de tortura; al menos 40 personas fueron lesionadas, dos estudiantes que resultaron con afectaciones graves y permanentes a su salud.
Al día de la fecha no hay verdad de los hechos, ni de los estudiantes desaparecidos, hay victimas que claman justicia, entre ellos también la de los imputados que exigen se respeten sus derechos y en razón de ello, hoy salen ocho militares señalados por el caso Ayotzinapa, cita el artículo 165 del código nacional de procedimientos penales que la prisión preventiva no podrá exceder de dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado.
Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelare como es el caso, ordenando la Juez Segundo de Distrito de Procesos en el estado de México, quien ordeno el pago de la garantía de 50 mil pesos, presentación periódica quincenal los días uno y 16 de cada mes, ante el juzgado de distrito; tiene la prohibición de salir del país entregando al juzgado, en su caso, el original de su pasaporte; la prohibición de acercarse al lugar de los hechos, específicamente el estado de Guerrero, y la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con víctimas o testigos protegidos, siempre que no afecte el derecho de defensa.
No obstante, dichos efectivos castrenses seguirán sujetos al procedimiento penal por el delito de desaparición forzada.
No obstante, dichos efectivos castrenses seguirán sujetos al procedimiento penal por el delito de desaparición forzada.
Por su parte la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, hizo pública la carta ’confidencial’ que envió el pasado 12 de diciembre a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Lucia Piña, donde hace de su conocimiento que:
’Confiamos en que el Poder Judicial de la Federación velará por el Estado de Derecho, garantizará los derechos humanos de las víctimas y sancionará a los responsables a fin de no generar en la sociedad un mensaje de impunidad y justicia’.
Bueno es obvio que nuestras autoridades tampoco han hecho nada por llegar a la verdad, en fin, pues lo cierto es que ellas se comprometieron a investigar y llegar a la verdad.
Soy Julio Tapia y me puedes seguir en Despacho Jurídico Tapia y Asociados.