Por: Julio Tapia.
Tras la victoria arrolladora de Morena en la pasada elección del 2 de junio, el partido del gobierno, no solo pretende gobernar desde la presidencia de la república, también al Congreso de la Unión, en sus respectivas cámaras, así como al poder judicial federal, e ir en contra del sistema republicano, que distingue la forma de gobierno del estado mexicano y atentar contra su autonomía e independencia, muy cierto, que el poder judicial requiere una reforma, cierto, pero la anhelada reforma pretende someter el poder judicial al poder ejecutivo, pues si bien es cierto, es necesario una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a base de eficiencia, austeridad y transparencia, cierto, que la administración de justicia es lenta, obvio que no se maneja con austeridad, sino por el contrario rayan en la opulencia de un pueblo con sed y hambre de justicia, sin hacer mención de que hacen falta más centros de justicia del fuero federal y común, personal, equipo, salas de audiencias y personal operadores del sistema, sin omitir que las instituciones procuradoras de justicia han provocado parte de este problema, que hoy día es un cáncer para la administración de justicia, cuantas veces no vemos carpetas mal integradas, que dan como resultado injusticia, sumado a las negligentes actuaciones de la representación social en juicio, pues los jueces de enjuiciamiento terminan por solapar las actuaciones del ministerio público, para convertirse en jueces corruptos de un sistema que valora sin medios de prueba, idóneos, pertinentes, suficientes, más allá, de toda duda razonable, amparándose bajo la prueba circunstancial, para luego dar paso a una política criminal fallida, en donde los derechos de los imputados empiecen a tener menor relevancia que los de la víctima, por el impacto mediático de la sociedad, y que la presunción de inocencia ceda al principio de culpabilidad, en donde los juicios se ventilen ante los medios de comunicación y en las calles a través de plantones, mítines, protestas, huelgas, en donde la justicia se venda al mejor postor, y la política sea el medio más eficaz, para administrar justicia, no pocas veces hemos visto al ejecutivo hacer las veces de ministro, magistrado, o juez, incluso ser fiscal y defensor al mismo tiempo, para resolver quien es culpable o inocente, y ampararse bajo las excusas como la persecución política de posibles corruptos, pero bastara una mañanera para que usted entienda de esos juicios sumarios, ahora se habla de legitimidad democrática de los impartidores de justicia, pero sabe quién seleccionara a los candidatos a ocupar las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si, es el poder ejecutivo quien propondrá hasta 10 candidaturas, el legislativo propondrá hasta 5 candidaturas por cada cámara, por mayoría calificada y el poder judicial que propondrá hasta 10 candidaturas a través del pleno de la Suprema Corte, por mayoría de seis votos, esperemos que después de la toma de protesta de la nueva presidenta la reforma no atente contra el valor de nuestro peso.
¡Cual autonomía e independencia!
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