Chilpancingo Guerrero a 6 de septiembre de 2022.- El pasado 26 de agosto, el Ministro Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un acuerdo dentro de la acción de inconstitucionalidad 81/2018, mediante el cual rechaza la consulta realizada por el poder legislativo en relación a las Leyes de Seguridad Pública y 701 de Recgonocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, porque no tomó en consideración a los pueblos y comunidades en la fase preconsultiva, informativa, deliberativa y diálogo y consenso.
La SCJN estableció que el Congreso del Estado de Guerrero de manera unilateral elaboró un protocolo para la consulta sin tomar en cuenta a los pueblos y comunidades indígenas, no brindó información exhaustiva de los documentos objeto de consulta de sus dimensiones e implicaciones para los pueblos y comunidades, el alto tribunal no encontró en los documentos que envió el congreso del Estado dato alguno que indique que existió un diálogo, una discusión y análisis entre los pueblos indígenas solo actas elaboradas con el mismo formato donde los pueblos dicen estar de acuerdo en participar en la consulta y de igual forma tampoco se corrobora que haya existido un acuerdo o un consenso entre los pueblos indígenas y Afromexicanos respecto de las leyes consultadas, por lo tanto, otorgó diez días hábiles para que el Congreso corrija las irregularidades de la falsa consulta.
Como se puede colegir el máximo tribunal ha dado la razón a los Pueblos indígenas y Afromexicano que siempre expresaron que la consulta desarrollada por el Congreso fue falsa porque no tomó en cuenta a los Pueblos indígenas y Afromexicanos. Los diputados ignorando y pisoteando a los pueblos contrataron asesores que les indicaron realizar toda la documentación para dar cumplimiento formal al fallo de la SCJN. Hoy el máximo tribunal evidencia el racismo, prepotencia y arrogancia de las diputadas y diputados de esta legislatura local que pretendieron realizar una consulta en materia indígena sin tomar en cuenta a los protagonistas principales de esta lucha.
Esta legislatura agravió a los pueblos indígenas, conculcando sus derechos fundamentales al irrogarse la potestad de hablar por ellos e impedirles que decidan su destino. El objetivo de la consulta es propiciar que los pueblos dialoguen, debatan y consensen en relación a medidas legislativa o acciones de gobierno que les pueden afectar, es decir, la consulta permite que los pueblos indígenas y Afromexicanos decidan sobre lo que quieren para su futuro, derecho que fue denegado por el legislativo estatal con su consulta falsa.
Las diputadas y diputados están llamados a realizar un verdadero diálogo con los pueblos indígenas, organizaciones sociales y el sector académico que conoce el tema indígena y posteriormente llevar a cabo una verdadera consulta en la que sean los pueblos los que la diseñen y dirijan. Se equivocan si piensan que privilegiando el formalismo darán cumplimiento al llamado del máximo tribunal del país. Lo expresado por la corte no es tema de forma sino de fondo, pues lo que ha dicho en su acuerdo del día 26 de agosto es que el Congreso de Estado sigue sin consultar a los pueblos indígenas y Afromexicano.
Por todo lo anterior exigimos que el Congreso del Estado de Guerrero se abstenga de seguir con su falsa consulta y en su lugar convoque a un gran diálogo, democrático e incluyente que siente las bases para una reforma constitucional integral y una posterior consulta que sea organizada y dirigida por los pueblos indígenas y Afromexicanos con el acompañamiento de los legisladores.
Atentamente.
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan