Por: Julio Cesar Tapia G.
16 de marzo de 2021.
Las manifestaciones del presidente, en contra del Juez, Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, al conceder la suspensión por el amparo promovido en contra de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica y al hacerlo extensivo a personas físicas y morales, solo deja al descubierto las limitantes y capacidad del ejecutivo, así como de su administración en la forma de gobernar, pues precisamente el mandatario se obliga en un estado de derecho a respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes que de ella emanan.
Y es el juicio de amparo una herramienta jurídica, para que los ciudadanos podamos ser oídos y vencidos, ante un acto arbitrario por parte de la autoridad, de ahí el respeto a los derechos humanos, ordenando el órgano jurisdiccional suspender el acto que se reclama, hasta en tanto no se resuelva de fondo y en definitiva lo que en derecho corresponda.
Sin embargo, las expresiones del ejecutivo crean ámpula, en un sector de la sociedad que creemos en la división de poderes, sin omitir que dichas declaraciones las hace como presidente de México, estemos o no de acuerdo y como ciudadano, este doble discurso nos lleva a una disyuntiva, saber quién es el Presidente?, entendemos en tiempos de transformación que somos gobernados por autoridades de cuarta, y envía mensaje a los otros poderes de la unión, que deben estar sumisos a un ejecutivo, so pena de ser investigados, hecho que no se niega, por parte del propio ejecutivo, a decir verdad, quien opine y actué en un marco de derecho contrario a lo que opina el ejecutivo será investigado.
Y nos referimos a autoridades de cuarta, porque tenemos candidatos de todos los partidos que nos representan tanto en el poder ejecutivo y legislativo sin preparación, investigados y con carpetas de investigación, a quienes no les pasa nada y les hace ’lo que al viento a Juárez’.
En un estado de derecho prevalece, la legalidad y seguridad jurídica y el mensaje que se envía al Poder Judicial, es de terror, muestra de insensibilidad y tacto político, pues el derecho es la base de la política, pero no más ’al diablo las instituciones’.
Por tanto, el Poder Judicial debe hacer valer su autonomía e independencia para resolver sin temores y miedos, solapando deficiencias de las autoridades procuradoras de justicia durante investigaciones y juicios, a través de graves violaciones a derechos humanos, de ahí que las autoridades administradoras de justicia tengan en su poder la oportunidad de ordenar dar vista de abusos y negligencias a los titulares de los ejecutivos, para transitar hacia un verdadero estado de derecho para no generar mayor impunidad, trátese de quien se trate.
La encomienda instruida al juzgador ha sido ajustada a derecho la petición que emite el Presidente le viola el derecho de presunción de inocencia, debido proceso y juicio previo, si el ejecutivo no está de acuerdo puede también inconformarse a través de los conductos legales. Esperemos que la justicia sea ciega, pero que no se tape la cara de vergüenza