PAN pide a la SCJN tomar medidas por el "desacato" de Sheinbaum sobre la reforma
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PAN pide a la SCJN tomar medidas por el "desacato" de Sheinbaum sobre la reforma
Historia de Luis Cisneros • 1 h • 3 minutos de lectura
PAN pide a la SCJN tomar medidas por el "desacato" de Sheinbaum sobre la reforma
PAN pide a la SCJN tomar medidas por el "desacato" de Sheinbaum sobre la reforma
El conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Judicial ha alcanzado un nuevo nivel, luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se negó a cumplir con la orden emitida por la jueza Nancy Juárez Salas, que dictaba la eliminación del decreto de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Ante esta situación, el Partido Acción Nacional (PAN) ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que intervenga de inmediato.
Fue este domingo 20 de octubre de 2024 cuando Noemí Luna, actual coordinadora del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, compartió un comunicado dirigido a la SCJN a través de la red social X (anteriormente conocida como Twitter). En el documento, el partido señala que la negativa de Sheinbaum a acatar la resolución representa un "desacato flagrante" que amenaza la independencia del Poder Judicial y el Estado de derecho en México.
¿Qué motivó el desacato?
El origen del conflicto se remonta al 18 de octubre de 2024, cuando la jueza Nancy Juárez Salas, con sede en Veracruz, emitió una resolución ordenando la eliminación del decreto de la reforma judicial en el DOF. Según la jueza, el gobierno federal contaba con 24 horas para cumplir con la resolución. En caso de desacato, Sheinbaum se enfrentaría a posibles sanciones que incluyen penas de prisión de tres a nueve años, multas, e incluso la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
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Excelsior (México)
Sheinbaum niega bajar la reforma judicial del Diario Oficial
A pesar de la resolución, la presidenta decidió no acatar la orden, argumentando que la jueza no tenía la competencia para frenar la reforma. En defensa de su postura, Sheinbaum citó el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), el cual establece que las reformas constitucionales no pueden ser impugnadas a través de amparos. ’No vamos a bajar esa publicación porque la jueza no está en su derecho’, reiteró Sheinbaum.
La respuesta del PAN
El Partido Acción Nacional considera la actitud de Sheinbaum como un ataque directo a la independencia del Poder Judicial. En el documento dirigido a la SCJN, el PAN acusó a la presidenta de estar orquestando "un golpe de estado disfrazado", al incumplir con las suspensiones otorgadas. El partido también denunció actos de intimidación contra la jueza Nancy Juárez Salas, calificando estos hechos como un "grave retroceso" en los derechos fundamentales de las mujeres y en la igualdad de género.
’El incumplimiento de la presidenta no solo es un desafío al Poder Judicial, sino que representa un ataque institucional que debe ser atendido de inmediato’, manifestó Luna en su publicación en redes sociales. El PAN ha exigido a la SCJN que actúe con firmeza para proteger la legalidad y evitar que este tipo de situaciones se conviertan en precedentes peligrosos.
¿Qué sigue para Claudia Sheinbaum?
A pesar de las advertencias legales, la Presidenta ha mantenido su postura y ha reiterado que la reforma judicial, que fue promulgada a principios de septiembre, continuará su curso. Esta reforma plantea cambios significativos en la estructura del Poder Judicial, incluidos mecanismos para la elección de jueces y magistrados por voto popular en 2025, una propuesta que ha sido criticada por algunos sectores que la consideran un riesgo para la independencia del Poder Judicial.
En tanto, la SCJN deberá pronunciarse ante esta solicitud del PAN, que busca frenar lo que consideran un "desacato". Las próximas semanas serán clave para ver si el máximo tribunal del país toma alguna acción en contra de la presidenta o si confirma que la reforma continuará su curso, como ha planteado Sheinbaum.
El impacto en la política nacional
El conflicto entre el Poder Ejecutivo y Judicial ha generado divisiones en el escenario político. Algunos sectores apoyan la postura de la presidenta, defendiendo la necesidad de reformar un sistema judicial que consideran corrupto y disfuncional. Por otro lado, la oposición ve en estas acciones una amenaza a la democracia y la separación de poderes.
El desenlace de este conflicto marcará un precedente en las relaciones entre los poderes del Estado en México, en un contexto donde el equilibrio institucional es clave para mantener la estabilidad democrática.
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