miles de familias sin oportunidad para recibir atención médica
Laura Castillo
La salud (del latín salus, -utis) es una condición indispensable para que el ser humano sea productivo, toda vez que el que tiene un estado de bienestar o equilibrio en su organismo, puede realizar con ánimo sus actividades cotidianas, enfrentar los problemas más difíciles, trabajar para mantenerse a sí mismo y llevar el sustento a su casa. Pero cuando aparecen enfermedades, por leves que sean, el individuo requiere, primero, diagnóstico y luego medicamentos que le ayuden a recuperar la salud perdida. Y ni qué decir de las personas que padecen enfermedades graves, quienes requieren atención especializada y medicamentos fuera del alcance de sus bolsillos, al igual que los hospitales en los que pudieran restablecer su salud.
Desgraciadamente, en las sociedades divididas en clases no hay entidad gubernamental que se preocupe por ayudar a la gente en ese terreno, porque quienes detentan el poder no están preocupados por invertir en centros de salud de alta calidad. Claro que el IMSS, el ISSSTE o instituciones estatales de salud juegan un importante papel en la atención de la población más vulnerable, pero sus clínicas y hospitales no llegan al total de la población; en primer lugar, porque no todos gozan de estos servicios por no ser afiliados; y, en segundo, porque aunque lo estén no hay clínicas u hospitales suficientes o, lo que es más grave, los atienden tan de cuando en cuando que la gente se desespera y, mientras puede, se consultan y atienden con médicos o clínicas privadas, o bien, lo que es más común, y peor, en los consultorios de las farmacias de similares.
Por eso, es plausible cuando aparece una organización que, sin fines de lucro y desinteresadamente, gestiona recursos federales para construir una clínica de salud que beneficie a los habitantes de una colonia popular. Por el contrario, es totalmente reprobable ver que la construcción de esa misma clínica es cancelada nada más por el capricho de una presidenta municipal a la que no le importa la salud de sus gobernados.
Este es el caso de la construcción de una clínica de salud para la comunidad del Ejido Azotlán, en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México, la cual fue cancelada por la alcaldesa Angelina Carreño Mijares, quien pretende que los recursos gestionados por el diputado federal Héctor Javier Álvarez Ortiz, sean regresados a las arcas de la Federación.
No cabe más que calificar de “criminal” la decisión de Carreño Mijares, quien por un capricho político, nada más porque los recursos fueron gestionados por un diputado antorchista y la clínica se instalará en una comunidad también de filiación antorchista, decidió cancelar la mencionada clínica de salud, dejando sin estos servicios a más de diez mil habitantes de su municipio.
Aún es más criminal haber tomado esa decisión, cuando Angelina Carreño sabe de sobra que en su municipio hay 146 mil 549 personas que no tienen acceso a los servicios de salud; que sólo hay un médico por cada mil 780 habitantes, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda que haya un médico por cada mil habitantes, y que sólo existen 26 unidades médicas de carácter público para una población de 360 mil habitantes.
Definitivamente, la alcaldesa de Nicolás Romero es muy corta de vista o está muy mal asesorada, pues con estas acciones lo único que está logrando es que la población se dé cuenta que ella no representa, y menos defiende, los intereses de la población, sino que únicamente atiende los intereses de su grupo político y, por supuesto, sus caprichos.
Por el contrario, es admirable que la organización antorchista y sus dirigentes se preocupen porque se aplique el dinero público en obras para beneficio de la población; ese es el caso del centro de salud del Ejido Azotlán y del recientemente inaugurado centro de salud ubicado en la colonia Clara Córdova de este mismo municipio de Nicolás Romero, el cual da servicio a 12 comunidades de la zona.
Otro gallo le cantara a México y al Estado de México, si sus gobernantes se preocuparan por invertir el dinero público en obras benéficas para la población trabajadora, quien con prevención de enfermedades y salud, podrían producir más para el engrandecimiento económico del país y de sus propias familias.