México, DF, 10 de marzo, 2015. El próximo 20 de marzo se realizará una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Reforma energética y derechos económicos, sociales y culturales en México, anunciaron organizaciones civiles durante el “Conversatorio sobre escenarios en México: derechos humanos, empresas & reforma energética”.
Aroa de la Fuente, integrante de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, explicó que el objetivo de la audiencia es presentar los riesgos de la reforma energética ante “un contexto de violaciones graves a derechos humanos” en México. Agregó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se negó a involucrarse en este tema por considerar que no era un tema de derechos humanos; y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rehusó la posibilidad de hacer una consulta pública por “tratarse de un tema de ingresos y no de derechos”.
Representantes de las más de cien organizaciones civiles que convocaron al Conversatorio expusieron que las disposiciones de la reforma dan prioridad a la generación de energía por encima de otras actividades en los territorios, además de que legalizan la invasión de tierras por parte de las empresas por medio de figuras como la servidumbre legal y la ocupación temporal. Juan Antonio López, de ProDesc, detalló que se afecta la propiedad social de la tierra por procedimientos administrativos, y que el derecho a la consulta es meramente enunciativo.
En ese sentido, Bettina Cruz, de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, confirmó que la consulta que actualmente se lleva a cabo en Juchitán no es previa, libre, informada ni de buena fe, y que constituye un experimento de cómo se implementarán estos ejercicios de ahora en adelante.
Phil Bloomer, del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, explicó que su organización se dirigió a cien gobiernos y 180 compañías con preguntas específicas sobre las medidas que aplican en materia de empresas y derechos humanos, y sostuvo que se les puede presionar para que adopten medidas favorables a las sociedades. Fernanda Hopenhaym, de PODER, agregó que algunas de las empresas que entrarán al mercado energético cargan con un historial de violaciones a los derechos humanos.
Las y los participantes coincidieron en que la militarización y el uso de la Gendarmería son estrategias para asegurar que las empresas inviertan en energía asegurándoles que podrán usufructuar las tierras mientras les sea rentable, mientras que los habitantes deberán cargar con los costos ambientales.
Santiago Aguirre, del Centro Prodh, sostuvo que para enfrentar el despojo que provocará la reforma es necesario explorar mecanismos internacionales, hacer investigación corporativa y controvertir la reforma en tribunales con base en los derechos humanos y, sobre todo, apostarle a la organización de los pueblos.
En ese sentido, se informó que la audiencia de la CIDH, que se realizará en el contexto del 154 periodo de sesiones del organismo a las 12 horas (tiempo de México), fue solicitada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Fundar Centro de Análisis e Investigación; la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y Greenpeace México.