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Sin avances investigación de la L-12

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Sin avances investigación de la L-12

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Agosto 06, 2021 15:39 hrs.
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Se cumplieron tres meses del desplome de un tramo elevado de la Línea 12 del metro, donde fallecieron 26 personas y cerca de un centenar resultaron heridas, sin que aún exista un peritaje definitivo que establezca tanto las causas del siniestro como los responsables, pero en medio de inconformidades de familiares de víctimas quienes se quejan de falta de atención.

Durante una conferencia de prensa familiares de varias víctimas mortales y de heridos le reclamaron a las autoridades de la Ciudad de México esas irregularidades, mientras que por su parte el gobierno capitalino aseguró que han sido atendidos los afectados, incluso precisó que al 98% de los afectados se les han otorgado recursos por 156 millones de pesos para la reparación integral del daño.

Concretamente Marisol Tapia, madre de Brandon Giovanni Hernández Tapia, único menor fallecido en el siniestro, reprochó lo que consideró falta de avances en las investigaciones y, por tanto, la falta de imputar responsabilidades penales en contra de funcionarios o empresarios encargados de la construcción y operación de la Línea 12.

Mientras familiares de otras víctimas aseguraron que no coinciden los informes de las autoridades y dudaron de los apoyos ofrecidos en materia de educación, salud, reparación integral del daño y empleo, sus abogados insistieron en realizar investigaciones a fondo para conocer las verdaderas causas del desplome, sin descartar acudir a instancias internacionales para obligar al gobierno capitalino a ofrecer información clara y precisa a las víctimas.

Sin embargo Armando Ocampo, comisionado de Atención a Víctimas, dijo que se ha hecho todo lo ’humanamente posible’ para reparar el daño y precisó que el gobierno local ha erogado 156 millones de pesos en la reparación integral del daño y el 98% de los afectados ha aceptado la indemnización; por ello convocó a las nueve víctimas restantes y al abogado Teófilo Benítez a formalizar el trámite para no prorrogar el pago y los apoyos en diversos rubros.

Aseguró que de las 26 víctimas mortales, 24 familias han aceptado la indemnización por 920 mil pesos y una complementaria por un millón de pesos, así como apoyos en empleo, pago de rentas, cancelación de deuda hipotecaria y becas escolares.

El meollo de este conflicto se encuentra a quién creerle, si a las víctimas o a las autoridades. Lo real es que aunque sean pocos los inconformes, deben ser atendidas sus demandas y pese a todo el dinero y apoyos ofrecidos, nada les podrá devolver a la vida de sus familiares fallecidos ni la salud a quienes resultaron afectados por el accidente.

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