Yucatán | Presidente municipal de Espita impone retén contra periodista
El retén fue impuesto para evitar el paso del vehículo oficial de un periodista que reveló presuntas irregularidades en el salario del edil.
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Redacción AN / KC
03 Jul, 2025 12:30
El presidente municipal de Espita, Yucatán, Mario Sánchez Esquivel, ordenó la instalación de un retén policial en el ayuntamiento, para impedir el ingreso del periodista, Israel Cárdenas, de Novedades Yucatán, a una sesión de Cabildo, donde lo intimidó por la publicación de una nota sobre el presunto incremento de su salario.
De acuerdo con medios locales, el bloqueo fue implementado por elementos de la policía municipal a la entrada del municipio, con el objetivo de evitar el paso del vehículo oficial del periodista y otros colegas.
A pesar del operativo, reporteros lograron acceder y documentar la sesión celebrada el 1 de julio.
Durante el encuentro, Sánchez Esquivel negó ante la prensa que su sueldo mensual sea de 60 mil pesos, aunque documentos oficiales indican que él mismo solicitó y obtuvo, en la sesión del 24 de junio, la aprobación para elevarlo de 50 mil a 60 mil pesos.
Captura de pantalla
El alcalde calificó como ’información falsa’ y ’de mala fe’ lo difundido por el medio local y el periodista.
Asimismo, el presidente municipal pidió a su equipo grabar al público asistente, en especial a los representantes del medio de comunicación.
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En su defensa, Israel Cárdenas, dio lectura al texto publicado y refirió que ’10 meses después del inicio de la administración 2024-2027 del ayuntamiento de Espita, el alcalde Mario Isaías Sánchez Esquivel sometió a aprobación de Cabildo el tabulador de sueldos y salarios que le permitirá al munícipe disparar su salario a 60 mil pesos al mes’.
Yo no estoy afirmando que usted ya gana los 60 mil pesos, ni que tiene un salario mayor a 60 mil pesos.
Insistió en que la interpretación del alcalde respecto a lo publicado es una ’apreciación subjetiva’.
Además del tema salarial, cuatro de los once regidores votaron en contra de aprobar la cuenta pública correspondiente al primer trimestre de 2025, alegando falta de firmas, pagos sin justificación y ausencia de documentación de respaldo.
Entre las observaciones, se señaló un pago de 7 mil pesos a Juana María Baltazar Santos, quien cobró una quincena antes de asumir formalmente como coordinadora de Presidencia.
El hecho de impedir el acceso de la prensa a una sesión pública ha generado preocupación entre organizaciones civiles, que señalaron posibles violaciones a los artículos 6 y 7 de la Constitución en materia de libertad de expresión y de prensa.
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